El acto fue culminado simbólicamente a partir de las 00.00 horas de este sábado, con todos los poderes de la federación reunidos en el monumento del Altar a la Patria.
Ocho años después de su aprobación en el Congreso y su promulgación presidencial de un nuevo sistema garantista con juicios orales, el mandatario expresó en un discurso a la nación, que se trata de un "momento histórico" para el país, gracias a "la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años".
El titular del poder Ejecutivo admitió que "con el paso del tiempo, el sistema de justicia penal mostró claros signos de agotamiento, de manera marcada ante un aumento de violencia e inseguridad que se registró en el país, durante la primera década de este siglo".
El reconocimiento de las falencias y la necesidad del cambio fue hecho por el mandatario luego de un extenso recuento del derecho penal mexicano, desde la Independencia en el siglo XIX, la Revolución mexicana y la paz institucional del siglo XX.
El mandatario dijo que "al concluir la implementación del nuevo sistema de justicia penal, damos un paso decisivo para brindar a la sociedad una justicia más cercana, transparente y eficaz".
Razones para cambiar
La principal razón para cambiar el sistema de justicia penal mexicano es que estaba tan rebasado por la realidad, ineficiente, ineficaz, plagado de impunidad, que la inmensa mayoría de la población considera que en la justicia penal es "ineficiente, corrupta y complicado", según diversos organismos civiles.
Para dimensionar el gran esfuerzo de la nación latinoamericana, Peña mencionó que en los últimos ocho años, México invertió más de 21.000 millones de pesos (más de 1.000 millones de dólares) en la implementación de la reforma; y casi el 90 por ciento en el actual Gobierno; y para normarlo se crearon y reformaron 21 leyes federales o nacionales; y se modificaron más de 350 leyes locales.
La Presidencia mexicana explicó en un documento de contexto nueve retos para mejorar el sistema y advirtió que el proceso de cambio podría producir "una percepción de impunidad", ante una disminución de encarcelamientos, y una estimación de "mayor delincuencia, debido a la existencia de más denuncias", un descenso en la llamada cifra negra de delitos no denunciados, que da "una apariencia falsa de incremento en actividades delictivas".
Muchos estudios indicaban que el país latinoamericano no estaba cumpliendo con estándares de respeto a los DDHH por su sistema inquisitorial, empoderaba al Ministerio Público por esa razón: "era indispensable hacer una revisión para verificar si el sistema se ajustaba a los estándares internacionales de debido proceso", considera en un ensayo Pamela Romero, del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Ante la reforma de 2008 "surgieron de todos lados argumentos en contra y mucha resistencia"; en 2012, cuando Peña llegó a la presidencia solo un 30 por ciento de los habitantes vivía bajo la nueva ley penal, y a principios de este mes alcanzaba poco más del 90 por ciento del territorio hasta que este sábado completa el 100 por ciento.
"Hoy día podríamos prolongar ese debate, pero la realidad es que el plazo constitucional para la implementación del nuevo sistema en todo el país se venció este mes", dice un análisis de la experta publicado en la revista Letras Libres.
El nuevo sistema penal exige "una perfecta comprensión de sus principios, señalados en el artículo 20 constitucional: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación".
De esta manera, dice la experta, la regla es que "la justicia penal no es un asunto de abogados y policías, sino un tema social".
Durante la etapa de implementación México contó con el apoyo de varios países, señaló Peña.
"De manera destacada debo señalar (…) Canadá y EEUU", dijo el mandatario.
Al cerrar su discurso, Peña exhortó a hacer del nuevo sistema "el emblema de un país comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho".
