"En términos generales, la ley va en el sentido impulsado por la sociedad civil, en el Congreso se han acercado posiciones; pero persisten grandes diferencias entre dos bloques parlamentarios", oficialismo y oposición de izquierda y derecha unificada, dijo Ávila, investigador del programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del centro de análisis Fundar.
Una de las leyes más polémicas sobre ese mal crónico en el país latinoamericano —muy rezagado en los estándares internacionales-, ha sido la llamada "Ley Tres de Tres", que obliga a los legisladores y funcionarios públicos a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses.
"Es un avance que las tres declaraciones sean obligatorias; sin embargo, las diferencias se presentan sobre el alcance o grado de acceso público a esa información", dice el experto de Fundar, una de los principales organismos civiles independientes que participaron en el cabildo abierto durante meses.
El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados Verde Ecologista y Nueva Alianza —de base magisterial oficialista-, dieron un paso inesperado, al obligar a cumplir la misma regla de transparencia a todas las contrapartes, es decir a millones de ciudadanos y cientos de miles de empresas, que ejerzan fondos públicos.
El tema provocó que, por primera vez en su historia, los poderosos gremios empresariales salieran la víspera a protestar en las calles de la Ciudad de México, y el retiro unificado de la oposición de centroizquierda y centroderecha de la votación final.
Además, la oposición considera que las leyes de transparencia han quedado tan reglamentadas en exceso, que se vuelven "imprácticas" para cientos de miles de contratos del gasto público mexicano.
El total de personas y empresas que en México firman contratos o reciben fondos públicos asciende a 35 millones de personas, por ejemplo, la cuarta parte de la población, y varios cientos de miles de compañías.
"Los funcionarios quedan obligados a presentar sus tres declaraciones ante las instancias de control, la diferencia se ha presentado sobre qué tipo de información será pública y en qué formato, no se sabe cuál información va a ser reservada, como por ejemplo el domicilio particular y propiedades inmuebles", explica el experto independiente.
Un catálogo de información será obligatoria; pero el grado de acceso público a esos datos no tuvo acuerdo; y el oficialismo otorgó esa potestad al nuevo Comité Coordinador del sistema anticorrupción, postergando así los detalles, sin fijar los límites de disponibilidad a esa base de datos privilegiada.
Organismos ciudadanos buscan transparentar el presupuesto de egresos de la federación mexicana: el presupuesto federal asciende en 2016 a 4,7 billones de pesos (unos 240.000 millones de dólares), y consideran que alrededor del 10 por ciento se pierde en los actos de corrupción, entre 20.000 y 25.000 millones de dólares anuales.
Una disputa áspera
Un avance es que el nuevo fiscal anticorrupción no será designado por el Presidente, sino por mayoría calificada de dos terceras partes del Senado, y se fortalece la auditoría federal, dijo en su argumentación Marco Cortez, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el PRI del presidente Enrique Peña "tuvo miedo de que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales, el nuevo sistema anticorrupción no fue aprobado con toda la fuerza", en las siete leyes secundarias que reglamentan el sistema de transparencia de fondos públicos, dijo Cortez.
El oficialismo introdujo una frase dramática en el marco de violencia criminal en México, para justificar el secreto de las declaraciones fiscales, patrimoniales, y de conflicto de interese: la reserva de información "que pueda poner en riesgo la vida de los funcionarios, es decir que pueda ser secuestrado o extorsionado", explicó el líder conservador.
De esta manera "se protegen a sí mismos los funcionarios que tienen algo que esconder; además, es un despropósito obligar a la misma regla a los ciudadanos y empresas que manejan fondos públicos, ese punto no se había discutido en el proceso durante meses".
El senador Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), lamentó que el nuevo sistema no incluya delitos como el "soborno, la eliminación de todo tipo de fuero constitucional a los funcionarios públicos, el tráfico de influencias, lavado de dinero, paraísos fiscales, ni la rendición de cuentas del origen de las fortunas de los hombres más ricos del país".
Finalmente, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera (centroizquierda), pidió a los congresistas del oficialismo "que no se pervierta la Ley Tres de Tres, porque es para vigilar a los funcionarios públicos y no a los ciudadanos ni a la iniciativa empresarial en inversiones publico-privadas, que va a ser ahuyentada".
El líder del PRD, senador Jesús Zambrano pidió finalmente al presidente Peña, "que haga uso de su derecho de veto, y no promulgue esas leyes; es algo que han empezado a plantear organizaciones de la sociedad civil, una parte del sector empresarial".
El nuevo sistema anticorrupción "es un galimatías que no llegará a ningún lado", deploró al final Manuel Bartlett, ex ministro del Interior (1988-1994) que dejó el PRI y se fue al Partido del Trabajo (izquierda): "la impunidad comienza desde arriba, desde el Presidente y los expresidentes de la República", remató con conocimiento de causa.
