El director de comunicación de Río 2016, Mario Andrada, ha asegurado que el decreto no cambia nada porque los organizadores son conscientes desde hace tiempo de las dificultades por las que pasa el Estado.
"Hace mucho tiempo que negociamos alternativas para que el Estado cumpla con los compromisos que asumió con Río 2016", ha comentado Andrada en declaraciones a la prensa local.
En un principio el Gobierno del Estado de Río de Janeiro se había comprometido a invertir al menos 300 millones de reales (casi 88 millones de dólares) directamente en proyectos relacionados con los Juegos Olímpicos en este año.
Finalmente, llegó a un acuerdo con el Comité Río 2016 para que esas inversiones se hagan a través de incentivos fiscales a empresas y que no dependan directamente de las arcas públicas del Estado.
Andrada también se ha mostrado optimista sobre la conclusión de las obras de la línea 4 del metro, vital para el esquema de movilidad durante los Juegos Olímpicos, ya que conecta el parque olímpico con el resto de la ciudad.
En su opinión la firma del decreto de calamidad pública con carácter de urgencia abre la puerta a que el Gobierno central pueda prestar dinero al Estado de Río de forma más ágil.
El portavoz del comité organizador de los Juegos también ha remarcado que el hecho de que el Estado de Río se encuentre en bancarrota tampoco afectará a cuestiones que no están directamente relacionadas con la competición deportiva, como el esquema de seguridad y de sanidad pública.
El dispositivo de seguridad contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Grandes Eventos del Ministerio de Justicia, lo que en su opinión es "suficiente" para atender las demandas creadas por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
