Vestidos de traje y corbata, un centenar de empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sorprendieron al manifestarse en el emblemático obelisco Ángel de la Independencia, frecuentado por opositores de toda laya.
Los empresario se reunieron en un lujoso hotel frente al monumento histórico, en una rotonda frente a la embajada de EEUU, en el céntrico Paseo de la Reforma Con letreros que rezaban: "Los empresarios exigimos alto a la corrupción, SNA (Sistema Nacional Anticorrupción) ya" y una etiqueta para las redes sociales #MXSinCorrupción.
En la Ruta contra la Corrupción #MxSinCorrupcion pic.twitter.com/Mdo7TNKS95
— COPARMEX XALAPA (@COPARMEXAL) 16 de junio de 2016
Juan Pablo Castañón, presidente nacional del CCE, dijo que la llamada "Ley 3 de 3" —la primera del paquete de siete que obliga a los funcionarios gubernamentales a presentar sus declaraciones fiscales, de bienes y conflicto de intereses— "es excesiva", al aplicarse a cualquier "persona física o moral", es decir ciudadanos y empresa que firmen contratos con fondos públicos.
@Coparmex @Coparmex_CDMX Por un México sin corrupción, No más corruptos. #MXsinCorrupción pic.twitter.com/xJJXYvzAoF
— Gerardo Trejo Veytia (@gerardo_trejo_v) 16 de junio de 2016
La primera de las siete leyes, aprobada el martes por los senadores, que debe pasar a los diputados del Congreso bicameral, "no contribuye a prevenir y sancionar la corrupción y es completamente inaplicable en la práctica”, dijo Castañón.
“Esta medida en particular, lejos de contribuir a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción”, dijo Castañón en un comunicado repartido en el acto.
Una sorpresa del Senado
Por su parte, el presidente nacional del la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que la primera de las siete leyes anticorrupción aprobada por los senadores esta semana, "pretende pedir a los trabajadores y a las empresas lo que ellos mismos no están dispuestos a cumplir".
"Esta no es una lucha contra los políticos, sino de los ciudadanos contra de la corrupción, no queremos cacería de brujas ni persecuciones paralizantes", dijo Hoyos, en la inédita manifestación.
El líder de los empresarios aclaró que los inversionistas y empresas no están pidiendo "un régimen de excepción, porque no ignoramos que la corrupción también puede involucrar a empresarios".
La demanda es por "un sistema nacional anticorrupción completo, con dientes (sanciones) y que transparente el manejo de los recursos públicos, por eso reconocemos el avance pero no estamos satisfechos", puntualizó.
El acto fue definido como el lanzamiento de una cruzada contra la corrupción que "apenas comienza, pues queda el reto de implementarla en todo el país".
Una "Ley de madrugada"
La redacción final de la primera de las siete leyes que fue aprobada "jamás fue presentada a la sociedad, queremos transparencia y debate abierto, no ideas generadas a espaldas de la sociedad, de madrugada”, puntualizó.
Además, en las reglas de contratación pública se exige establecer requisitos para que las empresas se certifiquen en las mejores prácticas internacionales de ética e integridad.
El Senado quiere obligar a nuevas reglas a todas las personas y empresas que sean proveedores del Estado Mexicano: "incluso a sus empleados y cónyuges, es decir, una gran parte de los mexicanos, más de 100.000 empresas registradas como proveedores del Gobierno", denuncian los empresarios.
Esta disposición "es un contrasentido, porque el Gobierno ya cuenta con un sistema de información suficiente sobre los ciudadanos, por sus declaraciones fiscales", argumentan.
En cambio, "es el Gobierno quien debe rendir cuentas" al Congreso, puntualizó una decena de ONGs en una coincidencia inédita con los empresarios en contra de los políticos.
