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Empresarios debutan en las calles contra leyes anticorrupción en México

© REUTERS / Ginnette RiquelmeEmpresarios debutan en las calles contra leyes anticorrupción, México
Empresarios debutan en las calles contra leyes anticorrupción, México - Sputnik Mundo
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los empresarios de México han salido por primera vez en su historia a las calles para exigir al Congreso apruebe siete leyes anticorrupción, pero contra la primera aprobada, que ha apuntado sorpresivamente hacia los registros fiscales de las empresas y los empresas.

Vestidos de traje y corbata, un centenar de empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) sorprendieron al manifestarse en el emblemático obelisco Ángel de la Independencia, frecuentado por opositores de toda laya.

Los empresario se reunieron en un lujoso hotel frente al monumento histórico, en una rotonda frente a la embajada de EEUU, en el céntrico Paseo de la Reforma Con letreros que rezaban: "Los empresarios exigimos alto a la corrupción, SNA (Sistema Nacional Anticorrupción) ya" y una etiqueta para las redes sociales #MXSinCorrupción.

Juan Pablo Castañón, presidente nacional del CCE, dijo que la llamada "Ley 3 de 3" —la primera del paquete de siete que obliga a los funcionarios gubernamentales a presentar sus declaraciones fiscales, de bienes y conflicto de intereses— "es excesiva", al aplicarse a cualquier "persona física o moral", es decir ciudadanos y empresa que firmen contratos con fondos públicos.

La primera de las siete leyes, aprobada el martes por los senadores, que debe pasar a los diputados del Congreso bicameral, "no contribuye a prevenir y sancionar la corrupción y es completamente inaplicable en la práctica”, dijo Castañón.

“Esta medida en particular, lejos de contribuir a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción”, dijo Castañón en un comunicado repartido en el acto.

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Los empresarios se quejan de que durante todo el proceso de discusión en el Congreso, en los últimos meses, nunca fue un tema de debate "la inclusión de la obligación por parte de personas físicas y morales", es decir, de ciudadanos y compañías.

Por su parte, el presidente nacional del la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que la primera de las siete leyes anticorrupción aprobada por los senadores esta semana, "pretende pedir a los trabajadores y a las empresas lo que ellos mismos no están dispuestos a cumplir".

"Esta no es una lucha contra los políticos, sino de los ciudadanos contra de la corrupción, no queremos cacería de brujas ni persecuciones paralizantes", dijo Hoyos, en la inédita manifestación.

El líder de los empresarios aclaró que los inversionistas y empresas no están pidiendo "un régimen de excepción, porque no ignoramos que la corrupción también puede involucrar a empresarios".

© REUTERS / Ginnette RiquelmeGustavo de Hoyos (centro), presidente nacional del la Coparmex (archivo)
Gustavo de Hoyos (centro), presidente nacional del la Coparmex (archivo) - Sputnik Mundo
Gustavo de Hoyos (centro), presidente nacional del la Coparmex (archivo)

La demanda es por "un sistema nacional anticorrupción completo, con dientes (sanciones) y que transparente el manejo de los recursos públicos, por eso reconocemos el avance pero no estamos satisfechos", puntualizó.

El acto fue definido como el lanzamiento de una cruzada contra la corrupción que "apenas comienza, pues queda el reto de implementarla en todo el país".

Una "Ley de madrugada"

La redacción final de la primera de las siete leyes que fue aprobada "jamás fue presentada a la sociedad, queremos transparencia y debate abierto, no ideas generadas a espaldas de la sociedad, de madrugada”, puntualizó.

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Tras las discusiones con la sociedad civil, intelectuales y empresarios, por iniciativa del oficialismo, el Senado creó un capítulo especial en donde se establecen sanciones específicas a civiles, se tipifica la actuación de particulares y su vinculación en faltas graves como soborno, tráfico de influencias, colusión, entre otras.

Además, en las reglas de contratación pública se exige establecer requisitos para que las empresas se certifiquen en las mejores prácticas internacionales de ética e integridad.

El Senado quiere obligar a nuevas reglas a todas las personas y empresas que sean proveedores del Estado Mexicano: "incluso a sus empleados y cónyuges, es decir, una gran parte de los mexicanos, más de 100.000 empresas registradas como proveedores del Gobierno", denuncian los empresarios.

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"Una legislación de esta naturaleza implica, por ejemplo, que aquellos estudiantes que reciban becas", del Estado o los beneficiarios de programas estatales, tendrían que presentar estas tres declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses, lamentaron las ONG que participaron en la consulta legislativa.

Esta disposición "es un contrasentido, porque el Gobierno ya cuenta con un sistema de información suficiente sobre los ciudadanos, por sus declaraciones fiscales", argumentan.

En cambio, "es el Gobierno quien debe rendir cuentas" al Congreso, puntualizó una decena de ONGs en una coincidencia inédita con los empresarios en contra de los políticos.

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