"Estamos viendo una presión inaudita del Gobierno a la Corte Constitucional, eso no tiene precedentes, yo aspiro que la corte tenga un gesto, como muchas veces lo ha hecho, (para mostrar) la independencia de los poderes públicos", dijo Ordóñez en un comunicado difundido por la Procuraduría General de Colombia.
La postura del Gobierno es refrendar los acuerdos de paz mediante un plebiscito, mientras que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sostienen que lo acordado debe ser refrendado mediante la convocatoria a una Asamblea General.
Agregó que "si se quisiera ser transparente, debería entrar la ley de garantías" para evitar que desde el Gobierno Nacional se condicionen recursos a las provincias en favor del plebiscito.
Finalmente señaló que desde la administración del presidente Juan Manuel Santos se busca estigmatizar a los detractores del proceso de paz, lo cual, además de escandaloso es "una violencia institucional de carácter moral".
"Eso no es un proceso de paz, y allí no se va a pactar la tan anhelada paz de todos los colombianos, esto es un acuerdo entre el presidente (Santos) y las FARC, entre dos elites. Esto no es un proceso de paz", concluyó el procurador, fuerte opositor al proceso de paz.
El Gobierno de Colombia y las FARC mantienen diálogos de paz en La Habana desde noviembre de 2012 con el objetivo de poner fin a un conflicto armado interno de más de medio siglo.