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Nuevo índice de inflación argentino busca restaurar confianza en estadísticas oficiales

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MONTEVIDEO (Sputnik) — Con la publicación del índice de precios del mes de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec) busca poner fin a ocho años de descrédito sobre las cifras difundidas por el organismo.

En enero de 2007, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), su secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dispuso el cese de la directora del área que calculaba el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Graciela Bevacqua, alegando que las cifras del organismo no reflejaban adecuadamente la evolución de los precios que el Gobierno negociaba con las grandes cadenas de supermercados.

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Comenzó así un período en que los actores de la economía desconfiaron cada vez más de la independencia técnica con el que el Indec realizaba sus estadísticas, a tal punto que consultoras privadas salieron a ofrecer sus propias estimaciones.

Como el índice de inflación incide en el valor de la canasta básica, sobre la cual se establecen las líneas de pobreza e indigencia, pronto se cuestionaron también estos indicadores, que se dejaron de publicar en 2013.

Las cifras oficiales de inflación se fueron alejando cada vez más de las estimaciones paralelas, tanto que en 2015 el Indec estimó que la inflación llegó a 16,5 por ciento, mientras los índices privados la situaban en el doble, casi 30 por ciento.

La falta de datos sobre la evolución de la pobreza llevó incluso al entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, a afirmar: "Yo no tengo el número de pobres, me parece que es una medida bastante estigmatizante".

Emergencia estadística

En su campaña electoral, el actual presidente Mauricio Macri prometió devolver la independencia al Indec y entregar estadísticas profesionales y transparentes sobre todos los sectores de la economía y la sociedad.

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En diciembre, su administración decretó "emergencia estadística" por un año con el fin de suministrar a las nuevas autoridades del Indec de herramientas legales para normalizar su funcionamiento.

En un comunicado publicado en su sitio web, el Indec asegura que "las series estadísticas publicadas, con posteridad a enero 2007 y hasta diciembre 2015, deben ser consideradas con reservas".

El Indec "dispuso las investigaciones requeridas para establecer la regularidad de procedimientos de obtención de datos, su procesamiento, elaboración de indicadores y difusión", añade el texto.

Una de las medidas simbólicas para restaurar la confianza fue volver a contratar a Bevacqua, una experta en matemáticas.

Pero pronto surgieron dificultades.

Bevacqua y el nuevo director del Indec, Jorge Todesca, chocaron en cuanto a los plazos que se requerían para volver a tener un índice de inflación confiable.

En una rueda de prensa en enero, la funcionaria dijo que debían "comenzar de cero" para reconstruir el IPC, tarea que llevaría aproximadamente ocho meses.

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El Gobierno, en cambio, quería contar con un índice en 60 días.

En consecuencia, Bevacqua fue nuevamente despedida, esta vez por el Gobierno de Macri, en febrero.

El IPC no estuvo listo en 60 días, y el Gobierno tuvo que contentarse con índices de inflación provinciales para manejar en las negociaciones salariales con los sindicatos.

En medio de este "silencio estadístico" nacional, los precios se dispararon de forma marcada y son muchos los que estiman que el actual ritmo inflacionario es cercano a 40 por ciento anual.

Este miércoles, el Indec publica el IPC del mes de mayo y empezará a contar de ahora en adelante.

Tu pasado te condena

Aunque el Indec, creado en 1968, tenía prestigio de organismo técnico independiente de los gobiernos de turno, su historia no está exenta de críticas.

En los años de 1990 y 2000, diferentes expertos en economía y estadísticas cuestionaron los procedimientos y ponderaciones que aplicaba el Indec para calcular la inflación.

Las críticas se referían a la ponderación excesiva de ciertos bienes de lujo, en desmedro de productos y servicios de consumo masivo cuyos aumentos de precios tenían repercusiones directas en la capacidad adquisitiva de la clase media y los pobres, que constituían la mayoría de la población. 

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