Barrientos "se radicó en Estados Unidos como civil y eso obstaculizó mucho el proceso, pero felizmente ahora Estados Unidos aceptó esta forma de procesarlo, aunque lamentablemente no lo van a juzgar por un crimen de lesa humanidad", dijo a Sputnik Nóvosti la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile (AFEP), Alicia Lira.
El proceso contra Barrientos es civil y por daños, debido a los tormentos infligidos a Jara, y se enmarca en la Ley de Protección a Víctimas de la Tortura, según informó la prensa local.
"Durante años se intentó la extradición de Barrientos a Chile, pero no se logró, lo que se consiguió es que sea juzgado allí", añadió Lira.
Un día después del golpe de Estado conducido por el general Augusto Pinochet, el 12 de septiembre de 1973, el cantante, compositor y militante del Partido Comunista de Chile se encontraba dando clases en la Universidad Técnica del Estado cuando las Fuerzas Armadas irrumpieron en el edificio y se llevaron detenidos a docentes y alumnos al Estadio Nacional, convertido en centro ilegal de detención de miles de personas.
Allí Jara pasó cuatro días siendo torturado hasta que el 16 de setiembre de 1973 fue acribillado por los militares.
Su cuerpo no fue encontrado hasta el 19 de setiembre del mismo año en unos matorrales en la zona del Cementerio Metropolitano.
La viuda del artista, Joan Jara, y sus hijas Manuela y Amanda demandaron al exmilitar, quien comandaba al grupo de soldados que torturaron y asesinaron al chileno y quien, según la demanda, jugó a la ruleta rusa con su arma en la cabeza de Jara.
"Todos estos victimarios han sido muy hábiles y muy cobardes, algunos se han nacionalizado en otros países, como Barrientos que ahora es estadounidense, otros se han suicidado para no enfrentar la justicia. Es una cobardía que después de los crímenes que han cometido busquen liberarse de la justicia", dijo Lira.
El juicio "se extiende a todos los que han pasado tantas décadas en busca de respuestas acerca de sus seres queridos que fueron torturados, desaparecidos o asesinados a manos del régimen de (Augusto) Pinochet", afirmó Joan Jara en un comunicado.
Barrientos no deberá pagar con cárcel, sino con una indemnización monetaria, explicó a Tele13 Radio la abogada Almudena Bernabeu, quien representa a Joan Jara.
"Cuando una persona es secuestrada, es torturada de una forma inimaginable, y después su cuerpo recibe más de 40 balazos, nadie puede decir que este es un crimen común, más cuando fue realizado en una dictadura cívico-militar en la que ellos eran dueños de nuestras vidas", insistió Lira.
"Cuando nuestra agrupación vio que el Gobierno no había presentado en ninguna instancia querellas por más de 1.200 personas, en 2010 lo hicimos nosotros, por esos hombres y mujeres que nunca se investigaron sus casos", sostuvo la activista.
Actualmente hay procesos abiertos en Chile y "felizmente hay algunos jueces que realmente están investigando a fondo y dan la condena adecuada a los victimarios", sostiene la AFEP.
La muerte de Jara fue un crimen emblemático de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), responsable de unas 3.200 muertes y de decenas de miles de detenciones y torturas por causas políticas.
