El "Informe sobre el Caso Iguala: Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero", fue entregado por la Procuradora federal, Arely Gómez.
El documento describe las principales actuaciones que el Ministerio Público federal ha llevado a cabo en dicha investigación, pero sin avances concretos, en el primer paso tras el fin de la cooperación del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) cuyo mandato expiro el mes pasado y el gobierno se negó a renovar.
El nuevo funcionario recibió instrucciones para "actuar con estricto apego a la ley, honestidad, con transparencia, absoluta dedicación y privilegiando en todo momento el diálogo y trabajo cercano con los padres" de los jóvenes desaparecidos.
Los familiares exigieron que sea destituido el jefe de la Agencia Investigaciones Criminales (AIC), Tomás Zerón, por haber realizado una diligencia sin registro en el expediente con un sicario que había sido torturado, y fue trasladado a la vera de un río donde un día después fueron encontrados los restos calcinados que han permitido la única identificación, según revelaron los expertos de la CIDH en su último informe.
