El apoyo de diputados laboristas al revisado texto de la ministra del Interior, la conservadora Theresa May, prácticamente ha asegurado su aprobación en la Cámara de los Comunes.
"Se han introducido enmiendas secundarias pero el proyecto de ley continúa otorgando a las agencias de Inteligencia y cuerpos de Policía poderes para poner a todos los ciudadanos de Reino Unido bajo vigilancia aunque no sean sospechosos de ningún crimen", denunció a Sputnik Novosti Pam Cowburn, directora de comunicación de Open Rights Group, organización en defensa de los derechos civiles en la era digital.
La legislación oficializa por primera vez el espionaje y el pirateo electrónicos, en ciertas instancias sin autorización judicial previa, y cuenta con la oposición de nacionalistas escoceses y sociedades cívicas, entre otros.
La protección de abogados, periodistas y los propios parlamentarios de la intromisión de las agencias estatales son algunos flecos pendientes de revisión.
Esta iniciativa de la ministra del Interior pretende dar cobertura a vacío legal que se puso en evidencia con las filtraciones de Edward Snowden.
Documentos difundidos por el técnico estadounidense asilado en Rusia dejaron al descubierto programas de espionaje masivo, sin justificación ni foco aparentes, accionados por el GCHQ, el centro de escuchas de Reino Unido.
"El proyecto de Ley forzará a los Proveedores de Servicios de Internet a conservar la historia de nuestras búsquedas en la red, permitirá el análisis de datos digitales sin una autorización judicial y dará a GCHQ acceso a todas las bases de datos privadas y públicas", advirtió Open Rights Group.
Entre los apartados más polémicos se destaca un mecanismo que permitirá buscar y reunir cada llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico, localización de datos y webs consultadas por una persona.
La información recabada podrá distribuirse entre cientos de autoridades públicas, según alertó la organización Liberty en un detallado análisis del proyecto legislativo.
"El pirateo informático es un poder extremadamente intrusivo y sus potenciales ramificaciones en seguridad cibernética y garantía de un juicio justo, además de sus implicaciones de privacidad, requiere que solo se utilice como herramienta de último recurso y con protecciones más fuertes", señalan las autoras del documento.
Un análisis de las respuestas de los encuestados indica que el 38 por ciento de adultos cree que es aceptable el acceso del Gobierno a las comunicaciones electrónicas o telefónicas de sospechosos de un crimen.
El 22 por ciento solo aprobaría el espionaje digital de criminales convictos; el 30 por ciento en ningún caso; y el ocho por ciento cree que es aceptable en cualquier circunstancia.
"Este proyecto de Ley facilitará la creación de un detallado perfil de cada uno de nosotros que podrá distribuirse entre cientos de organizaciones para su análisis y búsqueda especulativa", denunció la directora de política de la Liberty, Bella Sankey.