"No consideramos necesario examinar las alegaciones formuladas por Colombia en apelación", señala la OMC en un comunicado.
Colombia había argumentado que la importación de los bienes constituía un "comercio ilícito" porque habrían sido adquiridos a precios artificialmente bajos para lavar dinero y que debería compensar la situación con un arancel más elevado que el permitido en su acuerdo con la OMC.
Panamá denunció el caso ante la OMC en 2013 y después de que la organización le diera la razón, el Gobierno colombiano presentó su apelación en 2015.
Colombia buscaba que el fallo fuera revertido, luego de que un panel de tres mediadores consideró que el argumento del lavado de dinero era un pretexto y respaldó la queja de Panamá respecto a que el arancel, consistente en una tasa fija de 10 por ciento más un componente variable, superaba el máximo de entre 35 y 40 por ciento permitido para productos como vestuario y calzado.
Tras la ratificación de este fallo, Colombia pierde toda opción de recusar la decisión de la OMC.