"Hemos sido utilizados por un grupo familiar que se está beneficiando con la ayuda de la población en La Paz, incluso hemos sido agredidos por los dirigentes de la caravana", dijo Choque, quien al frente de la federación accedió a suscribir un acuerdo de 42 puntos con el Gobierno para beneficiar a su sector con programas de salud, inserción laboral, vivienda y educación.
Choque lamentó que los dirigentes nacionales que permanecen en la capital boliviana continúen sus medidas de bloqueo y rechacen la oferta del Gobierno, que ha señalado la imposibilidad de otorgar el bono de 71 dólares mensuales que reclaman las personas con discapacidad.
Por su parte, César Ugarte, representante de los movilizados, dijo que las medidas de protesta en La Paz continuarán hasta obtener el bono, tal como se planteó al inicio del conflicto.
"No hay ninguna respuesta del Gobierno. Nosotros vamos a continuar en la lucha, porque los hermanos con discapacidad no pueden ser manipulados. Exigimos el pago del bono, es un derecho", declaró el dirigente a los medios locales.
Al respecto el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reiteró que el Gobierno no tiene posibilidad de dar el bono que pide un sector de las personas con discapacidad y lamentó que se hayan develado intereses políticos en el conflicto.
"Se observan intereses más políticos que un interés genuino de defender los derechos de las personas con discapacidad, hay dirigentes que están recibiendo dinero de organizaciones políticas", expresó Quintana al canal de televisión Abya Yala
Dos meses atrás una caravana de personas con discapacidad partió desde la ciudad de Cochabamba (centro) hacia La Paz.
Desde hace 25 días las personas movilizadas mantienen una vigilia en la plaza Murillo, donde está ubicado el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa, y marcha por las calles de la capital del país exigiendo al Gobierno el pago del bono mensual.
