La Comisión Permanente —plural, que dirige el Congreso en los recesos legislativos— ha pedido en un acuerdo de todos los partidos, en primer lugar, que lo altos cargos del gabinete de Seguridad Nacional "expliquen el estado y el curso que guardan las solicitudes de extradición del Gobierno de Estados Unidos".
El Congreso pide al Gobierno del presidente Peña Nieto, que el destino de los multimillonarios bienes del mayor capo del narco mexicano sean "repartidos de conformidad con la legislación aplicable y los convenios vigentes entre ambos países", dice el acuerdo firmado por todos los integrantes de la Comisión Permanente legislativa.
La suma de los bienes confiscados al Chapo se desconoce pero, la semana pasada, la Defensa Nacional de México reveló que le confiscaron a la organización criminal un total de 599 aeronaves y 4.771 pistas clandestinas, mientras que la revista Forbes calculó hace varios años su fortuna en al menos 1.000 millones de dólares.
El proceso de extradición de México a EEUU del Chapo ha entrado en su fase final, entre nuevas presiones de Washington para consumarla y esfuerzos desesperados de la defensa para impedirla.
La Procuradora General, Arely Gómez y la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz, han sido convocadas a comparecer para explicar al Congreso el juicio de extradición de Guzmán.
Fortuna incógnita
El Congreso "necesita saber el total de su fortuna y las acusaciones que tiene (Guzmán); nos tiene que regresar parte del dinero manchado con sangre, que no queremos que se quede en EU", dijo en el debate legislativo Federico Döring, líder de la principal bancada de oposición, el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha).
El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) respalda el pedido para que "se cumplan con los convenios que hay en esta materia con la legislación aplicable en materia de decomiso de bienes y de aseguramiento del patrimonio que tenga como origen actos delincuenciales", dijo el legislador oficialista Edgar Romo.
Los diputados del partido de Peña quieren que el Chapo regrese "lo que le quitó a las víctimas de la delincuencia organizada y que los bienes decomisados se repartan conforme a la legislación aplicable y los convenios en materia de extradición", añadió.
Un acuerdo entre México y EEUU establece que cada país se quede con la mitad de los bienes decomisados, como una manera de compensar los daños.
El pedido de información de la fortuna y su destino ha sido enviada con carácter de "urgente resolución".
El acuerdo binacional indica que "todos los internos que son consignados en un penal estadounidense, producto de colaboración entre ambos gobiernos, le dan derecho a los dos gobiernos".
Los juicios en contra de Guzmán en EEUU son seis procesos, y la extradición está basada en dos de ellos, uno en Texas y otro en Nueva York.
Los cargos son "asociación delictuosa, delincuencia organizada, posesión e importación de cocaína, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego".