Uno de los cuatro acusados y detenidos por la justicia declaró que recibió 500.000 lempiras para planificar el homicidio y pagó 50.000 lempiras (2.215 dólares) a cada uno de los sicarios, según una fuente citada por El Heraldo.
Los cuatro detenidos el 2 de mayo son el teniente retirado Douglas Geovanny Bustillo, el mayor de infantería Mariano Díaz Chávez, el exmilitar Edison Atilio Duarte y Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente ambiental de la empresa DESA que intenta construir un proyecto hidroeléctrico en una región donde los indígenas lencas tienen sus territorios y que era resistido por Cáceres.
Las autoridades también han reconocido que falta capturar a los autores intelectuales.
Berta Cáceres fue asesinada a balazos el 3 de marzo en el interior de su casa, pese a las medidas cautelares vigentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un mecanismo de protección que se aplica a personas amenazadas.