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Greenpeace Brasil critica el acuerdo con mineras por la catástrofe ambiental de Mariana

© REUTERS / Ricardo MoraesConsecuencias de la ruptura de la represa minera de Samarco en Mariana, Brasil
Consecuencias de la ruptura de la represa minera de Samarco en Mariana, Brasil - Sputnik Mundo
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RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La filial brasileña de la organización ecologista Greenpeace criticó a través de un comunicado de prensa la ratificación el pasado jueves por parte de la Justicia de Brasil del acuerdo entre el Gobierno y las mineras responsables del vertido de residuos que causó 17 muertos en noviembre de 2015.

"En marzo del presente año, las empresas elaboraron junto a los Gobiernos federal y estatal, así como los órganos públicos, un acuerdo para la reparación, mitigación y compensación de los daños causados por el rompimiento; el proceso de elaboración del acuerdo no permitió la participación de los afectados, interesados directos en la reparación de los daños", sentenció la nota.

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Cabe recordar que en la noche del jueves la Justicia de Brasil validó el acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo entre los Gobiernos federal y estatal con las mineras Vale S.A. y BHP Billiton, dueñas de Samarco, y que estableció la indemnización total a pagar por las empresas en 20.000 millones de reales (unos 5.600 millones de dólares).

"El fiscal de la República, Edmundo Antonio Dias Neto Junior, señala que el acuerdo sería una especie de consorcio entre las empresas Vale, Samarco, BHP y el Gobierno", afirmó Greenpeace a la vez que señaló que "su homologación aumentará el sufrimiento por la pérdida de los medios de subsistencia de modos de vida y de la memoria de pescadores, agricultores e indígenas".

Entre sus argumentos, la organización citó la acción civil emprendida el pasado martes por el Ministerio Público Federal que estimó la indemnización total por los daños provocados por los 62 millones de toneladas de lodo tóxico sobre el lecho fluvial del río Doce y el litoral de Espíritu Santo en torno a 155.000 millones de reales (unos 44.268 millones de dólares).

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"Denunciamos que las empresas y los Gobiernos federal y estatal empleasen una artimaña jurídica para viabilizar el acuerdo", subrayó la nota que apuntó a que el mismo sería "ilegal" debido a que "no contempló las voces de los afectados e incurrió en vicios procesales", para concluir que la solución deberá ser "construida con la participación efectiva de los afectados y los fiscales".

Por último, Greenpeace advirtió que "las empresas responsables por el crimen no pueden decidir por ella mismas la reparación de los daños colectivos o la indemnización de las familias" y recalcó que la mayor organización ecologista del país "no aceptará la perpetuación de la violencia realizada por medio de una acuerdo que legitima las prácticas criminales y resta responsabilidad al Gobierno".

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