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Empresario argentino cercano al kirchnerismo se presenta por segunda vez ante la justicia

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BUENOS AIRES (Sputnik) - El empresario argentino de obra pública Lázaro Báez, procesado y detenido en una causa en la que también está imputada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó un escrito ante la justicia en el que rechazó las imputaciones por lavado de dinero, informaron el jueves a Sputnik Nóvosti fuentes judiciales.

"Lázaro Báez solo presentó un escrito", señalaron las fuentes.

El empresario se descargó contra el juez federal que instruye la causa, Sebastián Casanello, al que acusó de ser uno de los artífices de una "venganza popular" en su contra por haberlo detenido el pasado 5 de abril y por haber ordenado el allanamiento de todas sus propiedades.

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Dueño de la empresa Austral Construcciones, Báez fue el principal adjudicatario de obras públicas en la provincia argentina de Santa Cruz (sur) durante los Gobiernos de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007), oriundo y exgobernador de esa jurisdicción, y Cristina Fernández.

En su escrito, Báez también criticó al fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, acusó al magistrado de "procedimientos inquisitivos" que vulneran sus derechos y garantías y se consideró un perseguido por ser adinerado.

Esta es la segunda vez que Báez es llamado a declarar ante Casanello. En la primera ocasión, el pasado 6 de abril, el empresario presentó un escrito y se negó a contestar las preguntas que le formularon.

Movimientos de dinero

El empresario sostuvo que no era dueño de la sociedad suiza Helvetic Services Group, pero admitió que su compañía Austral Construcciones había recibido de esa empresa un préstamo de 209 millones de pesos (33 millones de dólares en su momento) para construir dos represas en Santa Cruz.

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Báez se refería a la licitación de las centrales hidroeléctricas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic", que al final fueron asignadas al grupo empresario argentino Electroingeniería y a la estatal china Gezhouba.

La firma suiza está bajo la mira de la justicia porque fue comprada por la financiera SGI, conocida como La Rosadita.

Los movimientos de esa financiera son importantes para el juez después de que se difundiera un vídeo en el que se veía al hijo de Báez, Martín, extrayendo de unas bolsas fajos de dólares que después contaba.

Martín Báez está procesado, como su padre, por el delito de lavado de dinero, pero por ahora sigue sin prisión preventiva.

En el marco de la misma causa, Cristina Fernández fue imputada el 9 de abril por supuesto lavado de dinero, así como otras 14 personas, incluido su exministro de Planificación Federal, Julio de Vido.

La causa que encabeza Casanello desde 2013 se aceleró hace unas semanas, cuando el financista Leonardo Fariña, que trabajó en SGI y estuvo dos años en prisión por lavado de dinero, se acogió a la ley del arrepentido y dio precisiones hasta ahora desconocidas sobre la supuesta maniobra que habría organizado Báez en torno a la obra pública.

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