"La condena en el caso de Bout fue demasiado severa e inadecuada; en algún momento Bout comerció con armas, pero al momento de su detención ya se había retirado prácticamente", aseveró la exjueza.
Según Scheindlin, citada por The New York Times, se vio obligada a condenar a Bout a 25 años de cárcel solo porque en los precedentes existentes este era el plazo mínimo establecido para las acusaciones presentadas en su contra.
Scheindlin destacó que su opinión se basa en el hecho de que Víctor Bout "negociaba con armas", pero no era "ni un militante ni un terrorista de Al Qaeda que vive para volar a civiles en supermercado".
En el Derecho estadounidense, que funciona en base al principio de los precedentes, en el pasado se llevó a cabo un proceso con acusaciones parecidas, durante el cual la pena mínima establecida fue de 25 años de cárcel, y según la ley, no se pueden imponer sanciones menores que esa, afirmó Scheindlin al rotativo.
El encargado para los Derechos Humanos de la Cancillería rusa, Konstantín Dolgov, comentó las declaraciones de la jueza estadounidense.
"Esperamos que las confesiones de la jueza Scheindlin no sean ignoradas por los jueces estadounidenses en este contexto y haremos todo lo que dependa de nosotros para que Bout retorne a su patria", afirmó ante las cámaras del canal de televisión Rossiya 24.
Dolgov calificó también las declaraciones de la jueza de "reveladoras" del sistema jurídico legal estadounidense.
"De por sí esta confesión es bastante reveladora, muestra hasta qué punto está plagado de defectos el sistema legal y jurídico norteamericano, en primera instancia, respecto a los temas relacionados con ciudadanos rusos", subrayó.
Según el diplomático ruso, "la culpabilidad de Bout no se demostró (…) todo estuvo politizado de principio a fin".
Dolgov indicó que en este caso "mucho dependerá de la buena voluntad política de las autoridades norteamericanas", una voluntad que "por el momento no hemos advertido", sentenció.
El empresario ruso Víctor Bout fue arrestado en Tailandia en 2008 y entregado a EEUU en 2010, que lo condenó a 25 años de cárcel por el presunto intento de vender armas a las FARC, que la Casa Blanca cataloga como grupo terrorista.
