"Se vertieron 5 mil toneladas de desechos salmoneros al mar y luego aparece la marea roja más fuerte de la historia de Chiloé", declaró la dirigente de los pescadores Artesanales de Quellón, Denisse Alvarado, reseñó El Mostrador.
El área afectada es una franja de 350 kilómetros sobre el océano Pacífico, donde decenas de comunidades viven de la pesca de los ricos recursos marinos.
El Gobierno asignó, a través de la alcaldía, un bono de reparación para las familias de los pescadores de 100.000 pesos chilenos (150 dólares aproximadamente), mientras los pescadores reclaman 400.000 (600 dólares).
"Hay localidades que no han podido trabajar en el mar por casi dos meses y una importante población está desesperada. Se denuncia que el Gobierno protege a las salmoneras y promete 100 mil pesos por familia de mar y ahora llegan Fuerzas Especiales de Carabineros para obligar la aceptación a este bono", expresa el comunicado entregado por los pescadores a la prensa.
Por otro lado, el Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH) solicitó las copias de la resolución de la Armada sobre los vertimientos de las industrias y también la ruta de los barcos autorizados para las maniobras de descarga de cadáveres de salmones en el mar, para verificar si se cumplieron las medidas socioambientales.
"La inexistencia o no publicación de estos informes y/o estudios significaría una grave irresponsabilidad gubernamental frente a la ciudadanía y reafirmaría las sospechas de que las miles de toneladas de desechos salmoneros constituirían un factor importante en la configuración de la actual "Zona de Catástrofe" social y ambiental", señaló el CESH, publicó El Mostrador.
El Gobierno de Chile decretó la medida de Catástrofe, prevista en la Constitución, que permite adoptar medidas especiales para restablecer la normalidad en la zona afectada, como restringir libertades de movilización y reunión, limitar el ejercicio del derecho de propiedad y requisar bienes, indica el diario ciudadano El Repuertero.
Además faculta a las autoridades a ordenar reservas o acopio de alimentos o bienes y mercancías para la subsistencia de la población, condonar deudas y proteger servicios de utilidad pública.
