La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional legislativa, de mayoría opositora, el pasado 8 de abril.
Según la ley, los adjudicatarios de viviendas construidas por el Estado, y que a menudo las han recibido sin pago inicial alguno, deben recibir en seis meses el título de propiedad que les permitiría disponer libremente del inmueble.
El oficialismo, que tiene solo 54 de los 163 diputados en la Asamblea unicameral, se opuso al considerar que la ley abre las puertas a reclamos de antiguos propietarios de terrenos sobre los que se construyeron los edificios en los últimos cuatro años.
"La burguesía amarilla (por el color distintivo de uno de los partidos opositores, Primero Justicia) lo que pretende es quitarle al pueblo los terrenos y que no podamos vivir en la ciudad", dijo Maduro.
Desde que la oposición ganó la mayoría en la Asamblea, el pasado diciembre, el Tribunal Supremo ha anulado las leyes y disposiciones aprobadas, suspendido a varios diputados y promulgado cambios en el reglamento interno con el que funciona el parlamento.
