"Nos sacaron a la fuerza, fuimos agredidos y golpeados", dijo el diputado Juan Requesens a los periodistas allí presentes.
La Guardia Nacional, fuerza militar con funciones de policía, custodia los edificios que son sede de los poderes públicos, incluido el Consejo Nacional Electoral.
Los diputados reclamaron la entrega de planillas oficiales para poder recoger 200.000 firmas de electores que, si son validadas por el Consejo, permitirán habilitar el siguiente paso: conseguir en tres días cuatro millones de rúbricas en apoyo al referendo.
Si se observasen todos los requisitos y lapsos el referendo podría efectuarse a finales de año, lo que habilitaría la elección de un nuevo presidente en caso de aprobarse la interrupción del mandato de Maduro.
Pero si el referendo se realizara en 2017 entonces un vicepresidente designado por el actual jefe de Estado completaría el período sexenal hasta enero de 2019.
Requesens dijo que tras el desalojo "seguirán nuevas acciones de calle para reclamar el derecho del pueblo a un referendo".
Por su parte, el coordinador de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, estimó que el Consejo Electoral podría entregar una respuesta el próximo lunes.
Mientras busca un revocatorio según las normas vigentes la oposición impulsa desde el parlamento una nueva ley de referendos y una enmienda a la Constitución en procura de una salida electoral anticipada del actual Gobierno.
