"En nombre de todos los que integramos esta gran institución nacional, ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento", dijo el general en una parada militar de 30.000 efectivos, transmitida en vivo a todos los 150.000 efectivos en los cuarteles del país.
En el inédito discurso de 15 minutos, el general Cienfuegos dijo que "no se puede enfrentar la ilegalidad con más ilegalidad", como la tortura infligida a una mujer sometida y acusada presuntamente de tráfico de armas.
Las acciones de tortura "son hechos deplorables que no sólo nos denigran como soldados, también traicionan la confianza que día a día se ha ganado esta institución ante la sociedad nacional", señaló el general jefe de Ejército y la Fuerza Aérea de México.
"La indignación por los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses en Ajuchitlán del Progreso, estado Guerrero –sur de México–, que aún aislados, dañan la imagen y prestigio que dignamente se ha ganado el Instituto Armado en más de cien años de lealtad", dijo el secretario de la Defensa.
En la grabación de cuatro minutos, una mujer joven con una camiseta morada, aparece sentada sobre la tierra, descalza y con el rostro cubierto.
En las escenas, es golpeada por una mujer con traje militar, armada con un fusil, que le coloca en la cabeza, mientras un policía federal le pone una bolsa de plástico en la cabeza en dos ocasiones, hasta el límite de la asfixia, para luego interrogarla.
"Los que actúan con hechos ilegales son delincuentes que no respetan las leyes ni los derechos humanos", dijo el alto cargo del gobierno de Enrique Peña, que está bajo un intenso escrutinio internacional por los organismos de la ONU y de la Comisión Interamericana de la Derechos Humanos (CIDH), entre otros.
Cienfuegos añadió que "quienes actúan como delincuentes, quienes no respetan a las personas, quienes desobedecen no sólo incumplen la ley, no son dignos de pertenecer a las Fuerzas Armadas".
Arrestados
El general Cienfuegos dijo que en el caso de la mujer torturada "se actuó sin dilación, con prontitud y contundencia a partir de conocerse el lamentable hecho", e instruyó al personal militar a no permitir hechos "que nos indignan como personas, como ciudadanos y como soldados".
La disculpa fue ofrecida en nombre de todos los uniformados del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y reiteró a las tropas que la conducta debe ser intachable, "además de ser una obligación ética y moral que se debe cumplir a cabalidad".
Finalmente, reiteró el compromiso de la Fuerzas Armadas de acatar "estrictamente el estado de derecho", y en los casos "que personal militar vulnere la ley o los derechos humanos, se procederá con rigor y contundencia contra los responsables".
El 7 de enero pasado la unidad especializada en investigación del delito de tortura inició una investigación por "la probable responsabilidad de elementos del Ejército mexicano, así como de uno de la Policía Federal", indica un reporte oficial.
Los militares y policías federales actuaban en una zona montañosa conflictiva, donde fuerzas conjuntas realizan operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.
El despliegue del Ejército en tareas de seguridad pública, fue denunciada por organismos defensores de DDHH, que exigen que los militares regresen a sus cuarteles.
Un oficial y una militar están arrestados en una prisión del Ejército por delitos del orden castrense, a disposición de un juez militar, pero las ONG exigen que sean procesados por jueces civiles, por "uso sistemático de tortura", aunque el gobierno insiste que son "casos aislados".
En el video, la mujer militar le pregunta a la torturada quién es María y, cuando le retira la bolsa de plástico en el límite de la asfixia, insiste: "¿Ya te acordaste? ¿Quieres más? ¿Quieres agüita? ¿Quieres toques (eléctricos)?".
Entre enero de 2007 y junio de 2014, la Procuraduría General de Justicia Militar inició 229 averiguaciones por probables actos de tortura cometidos en contra de civiles, pero la dirección general de DDHH de Justicia Militar y el Supremo Tribunal Militar dicen que no existen registros de soldados que hayan recibido sentencia condenatoria por esos delitos.
