"La OEA (Organización de los Estados Americanos) apoyó el golpe de Estado que se dio al Gobierno de Manuel Zelaya en 2009, por ello desconfiamos mucho, pues desde ese momento se agravó la crisis en el país", señaló Flores.
El expresidente Zelaya (2006-2009) fue víctima de un golpe de Estado por proponer una consulta informal sobre una reforma de la Constitución que permitiera la reelección.
La familia de Cáceres rechaza la investigación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, y exige el trabajo lo haga una comisión internacional "que no esté parcializada con el Gobierno, porque ese es el problema que hay".
Por el momento, "hay una agencia técnica de investigación criminal, pero queremos algo más seguro y confiable para que no quede en la impunidad este asqueroso asesinato", añadió Flores.
El único testigo del crimen fue el activista mexicano Gustavo Castro, quien acompañaba a la ambientalista en su domicilio cuando varios hombres entraron armados y, con un balazo en la oreja, lo dieron por muerto, según relató su hermano a esta agencia.
"Ya han pasado más de dos meses y aún no hemos tenido noticias de cómo va esa investigación, no hemos recibido una nota ni escrita ni verbal", lamentó Flores.
Complicidades
En numerosas ocasiones, la reconocida activista había liderado manifestaciones en defensa del ambiente oponiéndose a la construcción de esos proyectos.
La familia mantiene que el Gobierno, presidido por Juan Orlando Hernández, es cómplice del asesinato de Cáceres "desde el momento en que se autorizó la construcción de grandes represas sin haber consultado con las comunidades aledañas, con la gente que vive de sus tierras y que han sido desalojadas", denunció Flores.
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Honduras es el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, ya que además de ser víctimas de asesinatos, se enfrentan a amenazas que quedan impunes, según informó a esta agencia días atrás la organización no gubernamental Protection International.
El jueves, el Parlamento Europeo condenó a Honduras por los asesinatos de Berta Cáceres, Nelson García y Paola Barraza, defensora transgénero de los derechos LGTBI a la que mataron en enero.
La Eurocámara criticó que el país centroamericano no aplicó correctamente las medidas de protección en el caso de Cáceres y pidió al Gobierno que movilice todos los medios a su alcance para la aplicación de las 92 medidas cautelares de la CIDH, informó el diario hondureño El Heraldo.
Asimismo, solicitó que se lleven a cabo investigaciones independientes y objetivas para dar con los autores intelectuales de los asesinatos.
