"El Secretario General de la OEA (Organización de los Estados Americanos), Luis Almagro, apoyó dicha solicitud tras reunirse con la familia y los representantes de la defensora; la Comisión Interamericana expresó al Estado de Honduras su disposición de designar un grupo interdisciplinario de expertos independientes para coadyuvar a la investigación sobre el asesinato", dice el comunicado de la CIDH tras la celebración de su 157º Período ordinario de sesiones.
La reconocida líder ambientalista era la dirigente del Consejo Coordinador de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh) y una de sus últimas luchas estuvo comprometida contra la instalación de una represa hidroeléctrica en la comunidad de Río Blanco, en el norteño departamento de Santa Bárbara.
Cáceres fue asesinada a balazos en el interior de su casa pese a las medidas cautelares vigentes de la CIDH, un mecanismo de protección que se aplica a personas vinculadas, por ejemplo, con comunidades indígenas, como era su caso.
"El asesinato de Berta Cáceres confirma la grave situación de riesgo en que viven los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras (…) Asimismo, este y otros asesinatos de personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión ponen en tela de juicio la eficacia del Estado de Honduras para implementar dichas medidas", señala el comunicado.
En este periodo de sesiones, del 2 al 15 de este mes, la CIDH recibió información sobre la situación de inseguridad y riesgo en la que viven las personas defensoras de derechos humanos en Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela, entre otros.
Otros de los problemas que se plantearon en las audiencias fue el alarmante nivele de desnutrición infantil en Guatemala.
Además, continuó la CIDH, los pueblos indígenas en Ecuador, Panamá y Perú informaron sobre el grave impacto de algunos proyectos de explotación de recursos naturales sobre el ejercicio de sus derechos.
