En concreto, el diputado Wadih Damous del Partido de los Trabajadores (PT) denunció que el informe que "integra el juego político rastrero que se está jugando en el país" al "no diferenciar entre el juez y quien acusa" y concluyó que "es un informe elocuente en el que jamás se escuchó la defensa del gobierno y que necesitó 150 páginas para decir que hubo indicios de algún tipo de delito".
El diputado del Partido Democrático Trabajista (PDT), Weverton Rocha, advirtió que "resulta inadmisible que la situación de impopularidad del gobierno suponga una pérdida de mandato" y que "la denuncia está siendo procesada con claras violaciones a los principios constitucionales ya que las denuncias de crimen fiscal son inconsistentes".
Precisamente, en entrevista con Sputnik Nóvosti el pasado mes de marzo, Feghali había denunciado que la oposición de Brasil "no aceptó el fracaso en las urnas de 2014 y ahora intenta un golpe vía institucional" y que "la democracia de Brasil está en riesgo" gracias a "la alianza entre las familias dueñas de las mayores empresas de comunicación del país y los miembros de la oposición".
