CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El grupo regional de ONG manifestó una "profunda preocupación por las recientes expresiones de una política de descrédito y hostilidad propiciada o, en muchos casos, tolerada por el gobierno mexicano en contra de la CIDH y las organizaciones defensoras de los derechos humanos en México", dice un pronunciamiento colectivo.
El miércoles, esos expertos de España, Colombia, Guatemala y Chile acusó a la Procuraduría General de México (PGR) de difundir una investigación inconclusa y parcial de peritos en fuego, con la hipótesis de que los cuerpos de los jóvenes hayan sido calcinados en el basurero del pueblo de Cocula.
El grupo regional está integrado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, (CELS), el Centro de Análisis e Investigación Fundar, la organización Derecho Justicia y Sociedad, Dejusticia, la Fundación para el Debido proceso FDLP, y Dereitos Humanos – Conectas, organizaciones que desde hace seis años trabaja por el fortalecimiento de la autonomía e independencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Ataques personales
Las organizaciones no gubernamentales denunciaron señalamientos en los medios de comunicación de cobertura nacional "en contra de la labor de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos".
Dos casos emblemáticos fueron, hace dos semanas, las controversias en contra del Relator Especial sobre tortura de la ONU, el abogado argentino Juan Méndez a quien el Gobierno de Enrique Peña le negó una nueva visita in situ; y el amago de una investigación penal en contra del Secretario Ejecutivo de la CIDH, el ex defensor del Pueblo de la Ciudad de México, Emilio Alvarez Icaza, que la Procuraduría abandonó el martes.
La tarde del jueves, la jefa de la oficina de la secretaría de Relaciones Exteriores, Ana Paola Barbosa, dijo que "no hay ningún tipo de ruptura con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH y se le seguirá apoyando hasta que termine su mandato", que culmina el 30 de abril, y sin embargo no será prorrogado por una segunda vez, y las tensiones son abiertas.
En ese conflicto, las ONG llamaron a un "diálogo constructivo que debería permitir siempre un espacio para el disenso".
Sin embargo, consideran que los desacuerdos deben "enfocarse y sustentarse en un debate de buena fe, sobre la base de argumentos de fondo; y no en el descrédito del o los mensajeros".
Obstáculos
La actitud reciente del Gobierno de México "constituye una forma de obstaculizar el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos; y de minar la autonomía e independencia de los organismos internacionales, en particular de la CIDH –organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA)-, todo lo cual va en contra del objeto y fin de sus obligaciones internacionales".
El GIEI lo integran la colombiana Ángela Buitrago, quien logró la condena de dos generales por la histórica masacre del Palacio de Justicia de Colombia; y el chileno Francisco Cox, quien trabajó en el proceso de extradición del dictador Augusto Pinochet a Chile,
Además, la exfiscal Claudia Paz y Paz que llevó ante la justicia al dictador de Guatemala al general Efraín Ríos Mont, por crímenes de lesa humanidad, y el colombiano Alejandro Valencia y el español Carlos Martín Beristain, ambos asesores de las comisiones de la Verdad para Ecuador, Paraguay y Perú, mientras Beristain fue además redactor del informe Guatemala Nunca Más.
