CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La PGR ha anunciado que la decisión de no ejercer acción penal en contra del responsable de la CIDH se tomó "en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad" de la demanda.
La demanda penal por fraude contra el alto cargo de la CIDH había sido presentada por presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, una organización no gubernamental de orientación conservadora.
El demandante acusó a Álvarez Icaza de haber seleccionó para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a "activistas extranjeros" que buscaban "confundir a la opinión pública mexicana" con sus pesquisas como coadyuvantes del Estado mexicano en el caso de 43 jóvenes desaparecidos desde septiembre de 2014, tras una masacre contra estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, del Estado de Guerrero, en las montañas del sur de México
La acusación descartada
Ortega acusa al GIEI de la CIDH de fabricar "una versión errónea para linchar mediáticamente a los militares" —que aún se niegan a testificar personalmente ante los expertos-, y de malversar unos 3 millones de dólares que ha costado a México la misión que culmina el día 30 de este mes de abril.
La notificación de la determinación de la PGR fue hecha formalmente a la Secretaría de Gobernación (Interior) en su carácter de representante del Gobierno de Enrique Peña Nieto en el convenio firmado con la CIDH.
Álvarez Icaza denunció que la demanda infundada en su contra es parte de "una regresión autoritaria" de la cual no había precedentes en el continente, y que la CIDH había rechazado hace dos semanas una "campaña de desprestigio" en México contra el GIEI del organismo regional y su secretario ejecutivo.
Cuando se reveló que el inédito proceso estaba en marcha, la CIDH advirtió que su secretario ejecutivo actuó en representación del Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, a través de la figura de "delegación de firma".
Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General del organismo para su administración, de manera que la acusación conduciría hasta su despacho en Washington.
La CIDH expresó entonces su "consternación", y consideró "inadmisible la apertura de una averiguación previa" por parte de la Fiscalía federal mexicana sobre la base de una denuncia "que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada".
La denuncia en contra de la CIDH asegura que, con el argumento de incorporar a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, "con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes, Álvarez Icaza engañó al Gobierno de México".
La denuncia de Ortega afirma que el titular de la CIDH "convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos".
El acuerdo de asistencia técnica con expertos de Colombia, España, Chile y Guatemala fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano.
A dos años de un año de la tragedia, en septiembre de 2015, el GIEI señaló irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación por parte de las autoridades mexicanas, cuestionó la llamada "verdad histórica" de la PGR, y descartó que los estudiantes hayan sido incinerados en un basurero municipal del pueblo de Cocula, vecino de la Ciudad de Iguala (220 km al sur), donde comenzó la masacre.
