Este bufete organizó la transferencia de bienes a sociedades offshore de un total de 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con dirección postal española, según revelan los 'papeles de Panamá'.
"La Agencia Tributaria, como hace con todos los contribuyentes españoles, identificará si la situación es legal, regular o si se está incumpliendo alguna norma tributaria en España", aseguró el ministro Catalá a los medios.
Catalá aseguró que el hecho de tener constituida una sociedad en un Estado extranjero "no es un delito", ya que puede estar "perfectamente regularizada y tener todos sus asuntos al día".
"No hay que dar por supuesto que sea una irregularidad", aseguró el ministro, que matizó que "si utilizando ese vehículo se incumplen obligaciones fiscales, sí existe una responsabilidad".
Por lo tanto, el Gobierno investigará si esas sociedades residenciadas en Panamá con titularidad española están cumpliendo con sus obligaciones fiscales.