BUENOS AIRES (Sputnik) — "Este miércoles presentamos el proyecto de ley que plantea la paralización de los despidos durante un año", anunció Micheli.
La CTA-A, con 1,5 millones de afiliados, se movilizó el martes hasta el Congreso, en el centro de Buenos Aires, para pedir la reincorporación de todos los que han sido despedidos en el país desde que asumió el presidente Mauricio Macri en diciembre.
A la manifestación se sumó la Multisectorial, integrada numerosas organizaciones sociales, universitarias y políticas.
La iniciativa parlamentaria que presentarán este miércoles plantea la "emergencia ocupacional", y pide un aumento de salario mínimo de los trabajadores, así como una ayuda de emergencia para los empleados y los jubilados.
El proyecto también prevé una modificación del tributo que se aplica sobre el salario, el llamado impuesto a las ganancias, y un aumento a las pensiones de los jubilados que equivalga al 82 por ciento del sueldo que cobraban como trabajadores en actividad.
Micheli dijo a esta agencia que más de 100.000 personas han perdido sus puestos de trabajo en el sector público y privado desde que asumió Macri el 10 de diciembre.
"Hasta ahora han sido despedidas cerca de 35.000 personas en la administración pública, 10.276 de los cuales provienen del Estado nacional", señaló Micheli.
Las otras casi 25.000 personas que fueron despedidas en el Estado trabajaban en la administración pública provincial o municipal.
En el ámbito privado, en cambio, "han sido echados 75.000 trabajadores", agregó el gremialista.
La CTA-A prepara para el 29 de abril "una jornada mucho mayor de protesta" que la de esta jornada junto con la otra CTA que existe en el país, conducida por el gremialista Hugo Yasky, y junto con las tres ramas de la Confederación General de Trabajadores (CGT), que se separaron años atrás y que ahora han anunciado su reunificación.
La movilización, que prácticamente reúne a todas las centrales sindicales de Argentina, espera ser histórica "en respaldo a todos los conflictos que hay" en el país como consecuencia de la sangría de despidos.
"El Gobierno nacional no ha convocado a ninguna mesa de diálogo social o consejo económico", señaló Micheli, aunque ésta fue una de las promesas de campaña que realizó Macri antes de ser elegido presidente.
El secretario general confirmó que no hay conversaciones entre su organización y el Ejecutivo.
"No tenemos diálogo con el Gobierno, que comete los errores del anterior Ejecutivo: habla sólo con los que están de acuerdo con él", puntualizó.
Micheli explicó que su organización solicitó una reunión con Macri y con su jefe de gabinete Marcos Peña, pero no ha obtenido respuesta.
