Europa, indefensa ante el terrorismo

© REUTERS / Vincent KesslerCirios de colores de la bandera de Bélgica
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Los atentados en Francia de 2015 y el de Bruselas del pasado 22 de marzo, han puesto de manifiesto las abismales carencias en la colaboración judicial, policial y de inteligencia entre los miembros de la UE.

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¿Por qué el Reino Unido tardó más de diez años en extraditar a Francia a Rachid Ramda, "financista" de los atentados perpetrados en París en 1995? ¿Por qué Francia dejó "escapar" hacia Brasil en 2004 a Cesare Battisti, acusado en Italia de asesinato y de militancia en un grupo terrorista? ¿Por qué el presidente francés, François Mitterrand, chantajeaba en los años 80 a su camarada ideológico, el presidente socialista español, Felipe González, intercambiando terroristas de la organización vasca ETA por contratos para la industria francesa?

La Unión Europea ya existía en esos tiempos. Las mercancías pasaban libremente a través de las fronteras, aunque no todavía las personas. Más tarde se ideó el espacio Schengen. El libre tránsito de individuos se celebraba en el gran mercado europeo. Pero hubo dos categorías de personas que quedaron fuera de esta espectacular novedad. Las aduanas desaparecieron para todos, salvo para los jueces y policías.
El acercamiento y la colaboración entre los poderes judiciales y las fuerzas del orden de distintos países es algo reciente y positivo, pero absolutamente insuficiente para combatir un terrorismo sin fronteras.

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Los ejemplos mencionados al inicio de estas líneas pueden parecer parte de la prehistoria, pero poco se ha avanzado desde entonces en la Europa occidental, aunque ahora la utilización política de la justicia es denunciada más fácilmente. 28 servicios de inteligencia siguen trabajando en compartimentos estancos, intercambiando a cuentagotas la información. Si hay algo que ha resistido a la federalización europea es, sin duda, la colaboración entre los servicios de los miembros de la Unión.

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Los llamamientos a edificar un "FBI europeo" son despreciados por muchos responsables políticos de distintos países, que dicen no tener por qué copiar modelos extranjeros. Pero lo cierto es que ni copian ni crean nada nuevo y los diferentes organismos y normas de la UE encaminadas a combatir el terrorismo se pierden en una ensalada de acrónimos de difícil comprensión para el ciudadano y de imposible simplificación para los investigadores policiales.

La Unión Europea no cuenta con un "Mr. Terrorismo" con extensos poderes. Existe solo un "coordinador" que poco cuenta cuando hay que discutir en profundidad el asunto. De ahí la perplejidad también de países que han conocido o conocen el fenómeno del terror organizado, como Rusia, Israel, Turquía o Estados Unidos. La precandidata demócrata a la Presidencia de su país, Hillary Clinton, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o el ministro responsable de los Servicios de Inteligencia israelíes, Israel Katz, criticaron las carencias europeas, eso sí, intentando arrastrar a sus "socios" a sus intereses particulares. Pero, en el fondo, tenían razones para denunciar la falta de eficacia de los europeos para afrontar el desafío terrorista islamista.

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Uno de los eternos debates en los que se eternizan los políticos y, especialmente, los eurodiputados europeos es el asunto del PNR (Passenger Name Record), el fichero de pasajeros de avión que recoge, además de los datos personales del viajero, su itinerario, la forma de pago utilizada, sus acompañantes o sus preferencias alimentarias, entre otros. Hasta ahora, desde miembros del Frente Nacional de Marine Le Pen, pasando por los ecologistas y acabando por los situados más a la izquierda del hemiciclo de Estrasburgo, sede de la cámara legislativa europea, se oponían a la aplicación del PNR. Argumentan que su puesta en marcha atentaría contra la protección de datos individuales y, por lo tanto, contra la libertad personal.

El PNR se utilizaría en los vuelos intraeuropeos. Lo cierto es que desde hace años las compañías de aviación están obligadas a proporcionar esos datos a los pasajeros con destino a Estados Unidos. Muchos europeos se niegan a dejar en manos norteamericanas tal información.
Entre las múltiples siglas que componen el arsenal normativo europeo, está el importante SIS (Sistema de Información Schengen), el fichero utilizado por los países pertenecientes al espacio Schengen que está destinado a controlar las entradas de cualquier individuo en el territorio europeo. Una de las grandes incongruencias es que el SIS no puede ser consultado por los miembros de Frontex, la policía de fronteras de la Unión Europea. Interpol cuenta además con el SLTD, el registro de pasaportes robados, pero solo una veintena de países, de los más de 160 que contribuyen a llenar sus archivos, lo utiliza.

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No se trata de un capítulo de novela de Bulgakov o Kafka, es simplemente la dramática realidad europea. A esta descoordinación en la lucha contra el crimen y el terrorismo se añade la burocracia que frena la puesta en marcha de otras herramientas como el cuerpo de guardafronteras de la UE o el envío de especialistas a los llamados "hotspots", los lugares que se encargarán del primer control de cualquier ciudadano que desee entrar en el espacio Schengen. Sabiendo que se necesitan más de 1.500 aduaneros y 50 traductores, solo en Grecia, se puede imaginar la ingente tarea que espera a las autoridades del Viejo Continente.

Bélgica, el último objetivo del terrorismo islamista —hasta ahora—, ha recibido las críticas externas por el tratamiento "ingenuo" del terrorismo en su territorio y de su política de ceguera ante el comunitarismo rampante en algunas de sus principales ciudades. Responsables políticos franceses, entre ellos algún ministro, han reprochado a sus vecinos esta actitud. Uno de los periodistas franceses más veteranos en territorio belga, el corresponsal del diario "Libération", Jean Quatremer, ha llegado a afirmar que existía una especie de pacto de no agresión entre los islamistas y la policía local. Este acuerdo se rompió, según él, tras los atentados de enero de 2015 en París.

¿Quién será el próximo?

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Las carencias belgas y los errores de sus autoridades judiciales han quedado reflejadas tras los atentados de Bruselas, como también fue el caso en Francia, quizá en un grado no tan evidente. Que París quiera dar lecciones a su pequeño vecino y que incluso le acuse de negligencia es absurdo, teniendo en cuenta que en Francia la rivalidad entre los distintos servicios de inteligencia y las diversas fuerzas policiales han provocado también disfuncionamientos que desembocaron en los asesinatos de niños de confesión judía y de militares franceses en la región de Toulouse en 2012.
Cuando se habla de coordinación y cooperación contra el terrorismo en Europa no se puede olvidar a dos países claves si se quiere verdaderamente luchar contra ese cáncer: Suiza y Rusia. Tanto las autoridades helvéticas como las rusas han mostrado su disposición a colaborar con sus vecinos del "club de los 28". En el caso de Berna, no parece que se vayan a encontrar mayores problemas, aparte de insistir en la trazabilidad del financiamiento de las redes islamistas. En el caso de Rusia, las dificultades pueden ser mayores, pero los europeos deben entender que las diferencias políticas no impiden unirse ante un fenómeno que golpea desde el oeste de Europa hasta los confines del Cáucaso.

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Los europeos descubren ahora que solo cinco de sus 28 miembros (Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido) contaban hasta hace pocos años con legislaciones específicas contra el terrorismo. También se dan cuenta de que una política antiterrorista común no existe y que se va construyendo atentado tras atentado, es decir, siempre un peldaño por detrás de los terroristas. En esta situación, lo que la población europea se pregunta es ¿qué país será el próximo en ser atacado?


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