MONTEVIDEO (Sputnik) — "Pese al empeoramiento de las condiciones de derechos humanos de Honduras, EEUU está proporcionando un paquete de ayuda a la región de América Central en el marco de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte, que incluye a Honduras, El Salvador y Guatemala", indica la misiva, firmada sobre todo por académicos e investigadores latinoamericanos, a la que accedió Sputnik Nóvosti.
La carta también reclama al Gobierno de Honduras, presidido por Juan Orlando Hernández, que lleve a cabo una investigación transparente y que proteja al único testigo presente del asesinato, el activista mexicano Gustavo Castro.
Castro se encontraba acompañando a Berta Cáceres en su domicilio cuando varios hombres entraron armados en la madrugada del 3 de marzo y, al herirlo con una bala en la oreja, lo dieron por muerto.
Cáceres y Castro preparaban una reunión del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), para proteger los ríos Blanco y Gualcarque, en una rica reserva de recursos naturales habitada por comunidades autóctonas hondureñas, blanco de un gran proyecto hidroeléctrico y minero.
Continún los asesinatos de activistas
El martes fue asesinado otro dirigente, Nelson García, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) que lideraba Berta Cáceres.
"Lamentamos tener que informar que el compañero Nelson García fue asesinado cuando llegaba a la casa de su suegra a almorzar, luego de haber estado toda la mañana ayudando a mover los enseres de las familias desalojadas de la comunidad de Río Chiquito", informó el organismo en un comunicado.
El asesinato, continuó el Copinh, ocurrió en el marco del desalojo de la comunidad de Río Chiquito, en el departamento de Cortés (costa norte), al que acudieron "100 policías, 20 efectivos de la policía militar, 10 del ejército y varios de la DGIC (Dirección Nacional de Investigación Criminal) a invadir el territorio recuperado por 150 familias".
Periodista condenado
Romero, reconocido profesional en el país centroamericano, fue el periodista que reveló la vinculación del conservador y gobernante Partido Nacional con el escándalo de corrupción del Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS), en el que se constató un desfalco de 350 millones de dólares.
