BUENOS AIRES (Sputnik) — "El juez abrió causa por los fondos buitre y pidió toda la documentación al Gobierno de (Mauricio) Macri", confirmaron a esta agencia desde la sede judicial.
Mientras la Cámara de Diputados de Argentina debate el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para pagar a los fondos buitre, el magistrado aceptó el dictamen del fiscal federal Federico Delgado, que pidió indagar si el Gobierno incurrió en delitos en la negociación con los acreedores.
El pedido del fiscal tuvo lugar a partir de una denuncia que presentaron el lunes los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti, y Jorge Cholvis, en nombre de la Asociación Civil "Instituto Arturo E. Sampay".
En la querella los letrados señalan al jefe de Estado argentino y a sus diputados y senadores, por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".
Gobierno favorece a acreedores
Los abogados observaron en su denuncia que se desembolsaron 30.000 millones de dólares para pagar al 92,4 por ciento del total de los bonistas que reestructuraron su deuda, mientras que en los actuales fondos financieros que litigan desde Nueva York se estará abonando casi la mitad de esa cifra.
Los letrados estiman que si se completa el canje a otras Letras Intransferibles en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA), "la cifra de la operación podría trepar a 65.000 millones de dólares" tal como lo anunció el Ministro de Economía Alfonso Prat Gay.
Esto demostraría "que los funcionarios del Gobierno están encareciendo voluntariamente el costo del endeudamiento argentino favoreciendo a los bancos acreedores, comenzando así a pagar intereses por algo que hasta el presente no se abonaba", sostiene la denuncia.
Por este motivo, Macri y los parlamentarios que impulsan el acuerdo con los fondos buitre "podrían ser responsables de graves perjuicios económicos para el erario público con las consiguientes sanciones y acciones reprobatorias que se puedan ejecutar".
El oficialismo cuenta con el apoyo de dos de los bloques opositores, por lo que se estima que el proyecto será aprobado y pasará al Senado, representado por legisladores que responden a los gobernadores de los 24 distritos del país, aunque el partido opositor Frente para la Victoria (kirchnerismo) tiene mayoría en esta Cámara.
Es todavía incierta la postura que tomarán los representantes de las provincias. Se prevé que la sesión pueda extenderse por más de 18 horas.
