China prevé un crecimiento de entre el 6,5 y el 7 por ciento, matizadamente menor al "cerca del 7 por ciento" del pasado año que finalmente quedó en un 6,9 por ciento. Han pasado los tiempos dorados de crecimientos de dos dígitos que epataban al mundo y durante los que China se abonaba a pronósticos conservadores que después superaba con creces. El contexto actual aconseja ahora una horquilla que facilite el cumplimiento anual sin apartarse del ambicioso objetivo quinquenal de doblar el PIB y la renta per cápita en 2020.
La prudencia también ha impedido que Li diera una cifra concreta sobre el comercio, que descendió al pasado año, y se limitara a pronosticar "un aumento estable de las importaciones y exportaciones".
La atención global se centra en el crecimiento del PIB mientras Pekín subraya la estabilidad social. China ha repetido que no le preocupa que en la actual fase de "nueva normalidad" la economía muestre unos números menos soberbios siempre que sean suficientes para asegurar la creación de empleo. El reto nacional es que los parados no superen este año el 4,5 por ciento del mercado laboral, ha aclarado Li. Pekín creará 10 millones de puestos de trabajo y destinará fondos a formar a los desempleados y trabajadores de baja cualificación.
La protección del medioambiente, además, se cebará con las industrias contaminantes que emplean a buena parte de la población.
Pekín ha anunciado que serán despedidos casi dos millones de trabajadores del sector del acero y el carbón mientras informaciones periodísticas añaden otros cinco o seis millones de las ineficientes empresas públicas.
El año pasado se registraron 2.606 conflictos laborales en China, el doble que en 2004, según la organización hongkonesa China Labour Bulletin.
Es costumbre que el balance anual que inaugura la Asamblea Nacional Popular (el Parlamento chino) huya del triunfalismo y dibuje un cuadro fiel, incluso en aquellos años en que la economía empujaba al optimismo desaforado.
Pero en el discurso también ha habido espacio para la confianza.
"China tiene unos sólidos cimientos y su economía es enormemente resistente (…) Mientras trabajemos todos juntos para superar las dificultades, lograremos cumplir los objetivos para el desarrollo social y económico de 2016", ha vaticinado Li.
Las complicaciones no han rebajado el ímpetu de las reformas liberalizadoras que Pekín había prometido cuando el presidente Xi Jinping subió al poder tres años atrás.
"Debemos profundizar el proceso de reformas", ha asegurado Li, quien ha repetido que las compañías estatales, afectadas de gigantismo e ineficiencia, sufrirán ajustes estructurales.
Sectores que tradicionalmente han sido monopolizadas por el sector público como la banca, el acero, el carbón, el gas natural, el petróleo, el transporte o las telecomunicaciones abrirán la mano a la inversión privada.
También ha prometido que la inversión extranjera tendrá menos trabas, aunque no ha especificado en qué sectores, y ha anunciado un marco legislativo "más justo, transparente y predecible".
La economía ha ocupado el grueso de un discurso en el que tampoco han faltado pilares clásicos del mensaje oficial de los últimos años como la lucha contra la contaminación y la corrupción.
El Parlamento chino es el mayor del mundo, con más de 3.000 representantes que hoy abarrotaban el Gran Palacio del Pueblo y aplaudían cuando las inflexiones de voz del primer ministro lo sugerían.
El órgano se limita a sellar todas las iniciativas que llegan del Ejecutivo sin excepción.
La población vive de espaldas a lo que Pekín llama "la gran fiesta anual de la democracia" y que es más conocida en la calle como el "gran salón del té".
