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Gobierno de Argentina desestima pedido de ONU sobre detención de Milagro Sala

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La política del Gobierno argentino es la de no intervenir en los procedimientos judiciales de las provincias, afirmó el jueves el ministro de Justicia, Germán Garavano, respecto a la situación de la dirigente social Milagro Sala.

BUENOS AIRES (Sputnik) — "No hay que generar interferencia sobre los procesos judiciales, cosa que el Gobierno anterior se cansó de hacer, nos gusten o no nos gusten sus decisiones", dijo Garavano en declaraciones al canal América 24.

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América Latina
Dirigente social Milagro Sala seguirá detenida en Argentina
El ministro reconoció que el Ejecutivo recibió "diversos planteos de organismos de derechos humanos", por la situación de Sala, pero explicó que estos reclamos son trasladados a las autoridades provinciales para que estas respondan.

"Es una jurisdicción provincial autónoma, y el poder judicial en esa provincia goza de independencia", sostuvo Garavano.

Más temprano el jueves, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un "llamamiento urgente" para que el Gobierno argentino adopte una postura sobre la detención de la líder de la organización barrial Tupac Amaru, que funcionaba como una cooperativa de construcción de viviendas.

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El organismo internacional pidió al Gobierno de Mauricio Macri que libere a Sala, o que en caso contrario justifique por escrito su negativa.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, recurrieron a la ONU acusando a las autoridades del país de no garantizar un juicio justo e imparcial para Sala.

La dirigente social fue detenida el 16 de enero acusada de instigar a cometer delitos de sedición tras organizar un campamento ante la sede del Gobierno provincial.

Mientras permanecía detenida le fue iniciada otra causa judicial que ahora la investiga por los delitos de "defraudación en perjuicio del Estado, extorsión y asociación ilícita" en relación a las viviendas que construía su cooperativa.

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