4 de marzo 2016, 14:43 GMT
En primer lugar, da Silva es investigado por tráfico de influencias a favor de la empresa constructora Odebrecht, informa la página web de noticias UOL. Se presume que el político influyó en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil para financiar proyectos de Odebrecht fuera del país. Da Silva niega dichas irregularidades.
Además, hay sospechas de que las constructoras Odebrecht y OAS pagaron una reforma en la finca Santa Bárbara, mientras da Silva era aún presidente. El exmandatario niega ser el dueño de la propiedad, pero hay registros que indican que él y su familia estuvieron en la finca al menos 111 veces entre 2012 y 2016.
Da Silva y su esposa Marisa Leticia, también son investigados por lavado de dinero. Hay sospechas de que la pareja trató de ocultar la propiedad de un apartamento tríplex en Guaruja, una ciudad en la costa de São Paulo, añade UOL. A pesar de negar que el expresidente y su familia fueran los dueños del inmueble, el Instituto Lula admitió que da Silva y su esposa visitaron la propiedad junto con el expresidente de la OAS, Leo Pinheiro, entre 2014 y 2015.
También se investiga la presunta participación de Lula en un esquema de ventas de Medidas Provisionales determinados por la Operación Zelotes que investiga el fraude al Consejo Administrativo de Recursos Fiscales. Se supone que este esquema ha dado una pérdida a los fondos públicos de al menos 6 mil millones de reales. Lula niega haber cometido alguna ilegalidad.
