BUENOS AIRES (Sputnik) — “El Congreso es quien deberá intervenir a partir de ahora en esta situación, nosotros llegamos hasta aquí”, dijo el ministro en una conferencia de prensa transmitida por Casa Rosada (palacio de Gobierno).
El Congreso, que comenzará sus sesiones este martes, recibirá “un proyecto de ley que permita ejecutar estos acuerdos que hemos ido firmando con los distintos acreedores”.
Una vez que el parlamento haya dado “su aprobación, pagaremos a los acreedores que hayan aceptado” la oferta, añadió el ministro.
Prat-Gay destacó que con el acuerdo de los principales fondos especuladores que litigan contra Argentina (NML Capital, Bracebridge Capital, Aurelius Capital y Davidson Kempner), se ha cubierto al 85 por ciento de los acreedores incluidos en la sentencia del juez Thomas Griesa.
“No saldrán reservas del Banco Central”, aseguró Prat-Gay.
El Gobierno emitirá como máximo 15.000 millones de dólares, “que no se entregarán a los acreedores”, sino que “se colocarán en el mercado, por lo que van a ser más rentables y permitirán ahorrar 3.000 millones de dólares”, añadió.
El punto de partida, indicó el ministro, “eran una serie de acreedores que habían obtenido una sentencia firme y que además tenían una cautelar que restringía a un país soberano a administrar sus pasivos”, destacó.
“Nos pusimos duros, no quisimos firmar un acuerdo de confidencialidad, ellos decían que sin eso no acordaban, y nosotros decidimos no hacerlo a espaldas del Congreso”, sostuvo.
Prat-Gay agregó que si bien se había considerado que el acuerdo representaba una quita promedio del 25 por ciento de la deuda fijada en la sentencia, en realidad la reducción llega al 40 por ciento si se cuentan los intereses que reclamaban los acreedores.
El ministro agregó que el Gobierno se ha propuesto bajar el déficit fiscal, lo que significa que el país necesitará obtener crédito.
“Si nadie nos presta no hay margen para gradualismo, y entonces o emitimos mucho más para financiar el gasto de estos momentos, y la consecuencia es más inflación, o un ajuste salvaje del gasto, que no es la propuesta de este Gobierno”, aclaró.
El Gobierno tiene plazo para pagar hasta el 14 de abril a mediodía, según acordaron ambas partes.
Griesa fijó el lunes como último día para que los fondos buitre aceptaran la oferta del Gobierno argentino, que propuso pagar 6.500 millones de dólares a los acreedores que no ingresaron en la reestructuración de sus bonos y que representan el 7,4 por ciento de la deuda total que quedó en suspensión de pagos en 2001.
El grueso de la deuda con acreedores privados, 92,6 por ciento, fue reestructurada en dos fases, en 2005 y en 2010.
