Buenos Aires (Sputnik) — “Estamos en emergencia carcelaria, dado que uno de los mayores problemas es la superpoblación carcelaria, y otra son las torturas y los apremios ilegales”, advirtió Cejas.
Hace cuatro o cinco años, no había castigo por este tipo de violaciones a los derechos humanos, mientras que “hoy ya hay 150 imputaciones, más de 70 procesamientos, y hemos logrado condenas contra funcionarios del sistema penitenciario federal por torturas”, señaló el funcionario.
La Procuración, que realiza dos inspecciones semanales, no sólo supervisa las prisiones federales, sino que también posee facultades de instrucción en centros de detenciones, comisarías, establecimientos de la Prefectura y de la Gendarmería, así como instituciones de niños.
El problema de la superpoblación
Argentina tiene en la actualidad más de 70.000 personas en las cárceles, de las cuales 13.000 son presos federales. El número de encarcelados se duplicó en los últimos 16 años, dado que en 2000 había 34.500 personas detenidas en las cárceles del país.
“Lo grave es que hay provincias sin cárceles federales que todavía se encargan de la manutención de esos presos, sin la ayuda del Gobierno nacional”, reparó Cejas.
La Procuración Penitenciaria, con presupuesto propio e independiente del Poder Ejecutivo, rinde cuentas anualmente de sus informes a una comisión bicameral compuesta por senadores y diputados en Congreso.
Desde el año 2014, la institución comenzó a reclamar una mayor respuesta del Poder Judicial.
“En ese momento, el presidente de la Cámara de Casación penal, la segunda instancia más importante después de la Corte Suprema de Justicia, entendió que era importante la creación de un sistema interinstitucional”, añadió Cejas.
Falta de medios
El director de protección de derechos humanos de la Procuración admitió no obstante que faltan recursos, y criticó la superpoblación carcelaria favorecida en parte con personas privadas de su libertad que no han recibido condena.
En el sistema carcelario, menos del 40 por ciento de las personas detenidas ha recibido condena.
El Código Penal permite la detención preventiva por un máximo de dos años, prorrogable a un año más para casos excepcionales. “Para todos los delitos se puede solicitar la excarcelación, pero si se niega y no hay fecha de juicio, el tiempo empieza a correr”, razonó Cejas.
Por otro lado, comienza a ser más habitual el arresto domiciliario par mujeres embarazadas o con hijos.
