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Alto el fuego, la prueba ácida del proceso de paz colombiano

© AP Photo / Christian Escobar MoraRebeldes de las FARC (Archivo)
Rebeldes de las FARC (Archivo) - Sputnik Mundo
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La prueba ácida de los diálogos de paz emprendidos en 2012 por las autoridades de Colombia y las FARC, la guerrilla más antigua de América, es el cese bilateral del fuego, un intento que a menudo terminó en fracaso y baños de sangre en la accidentada historia colombiana del siglo XX.

BOGOTÁ/MONTEVIDEO (Sputnik) — Las treguas, ceses del fuego o suspensiones temporales o espaciales de acciones bélicas fueron empleadas, por una u otra parte, para boicotear el proceso o fortalecerse en lo militar, político y estratégico.

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El Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) firmó en 1984 con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) un compromiso de cese bilateral del fuego y búsqueda de una salida política al conflicto armado.

La tregua fue aprovechada por las FARC, que duplicaron sus frentes e intensificaron extorsiones, secuestros y operaciones de narcotráfico como formas de financiamiento.

A su vez, el pacto dio nacimiento al partido Unión Patriótica, compuesto por miembros del grupo guerrillero, sectores de izquierda y movimientos sociales y sindicales y que, pese a su buen desempeño en las urnas, acabó exterminado por bandas del narcotráfico, organismos de inteligencia y paramilitares de extrema derecha.

Betancur también acordó en 1984, bajo las mismas bases, ceses del fuego con el Movimiento 19 de Abril (M-19) y el Ejército Popular de Liberación (EPL).

Pero sectores militares boicotearon el acuerdo y perpetraron ataques y emboscadas contra el M-19, por lo que este grupo rompió la tregua en enero de 1985 y en septiembre de ese año tomó el Palacio de Justicia, cuya recuperación por parte del ejército dejó 98 muertos (entre ellos 11 magistrados) y 11 desaparecidos.

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La historia se repitió en el Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), que extendió la tregua con las FARC hasta el 1 de junio de 1987, cuando esa guerrilla emboscó a un convoy militar y abatió a 25 soldados.

Ya en 1999, la administración de Andrés Pastrana (1998-2002) ensayó una fórmula distinta en sus negociaciones con las FARC: una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados y cinco municipios donde se desarrollarían unos diálogos de paz que acabaron mal, con un recrudecimiento inédito de la guerra.

Cuando la llamada zona de distensión de San Vicente del Caguán fue abolida, en febrero de 2002, las Fuerzas Armadas habían comenzado una modernización, financiada por EEUU mediante el Plan Colombia, que les permitiría asestar duros golpes a las FARC en los años subsiguientes.

Un nuevo intento

Con tales antecedentes, los críticos del actual proceso de paz, liderados por el expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010) y el procurador Alejandro Ordóñez, se oponían a un cese del fuego bilateral antes de que se firmara el acuerdo final de paz y de que la guerrilla dejara las armas.

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El cese bilateral fue planteado por las FARC en 2013 y recibió una respuesta negativa del Gobierno de Juan Manuel Santos.

El 20 de julio de 2015, las FARC iniciaron su propio cese del fuego, al que el Gobierno correspondió limitando los bombardeos, aunque sin cesar sus ofensivas.

Siguieron en estos meses gestos voluntarios de las partes.

El más significativo fue el indulto gubernamental a 30 guerrilleros presos en diferentes prisiones del país y que recuperaron la libertad en enero.

El 28 de octubre del año pasado, cuando las dos partes habían pactado la mayor parte de los puntos del acuerdo de justicia transicional, Santos propuso iniciar el cese del fuego el 1 de enero de este año.

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Las FARC redoblaron la apuesta y propusieron adelantar la fecha para el 16 de diciembre de 2015, como "regalo de Navidad" para los colombianos.

Pero las dos fechas resultaron prematuras, por los desacuerdos persistentes en torno al sistema de impartición de justicia para los crímenes del conflicto, que solo se despejaron el 15 de diciembre.

Además, el delicado proceso de preparación de la misión de verificación de la ONU requiere un lapso cuya conclusión, se prevé, coincidirá con la firma del armisticio el próximo 23 de marzo, por lo que el cese del fuego habría de comenzar oficialmente después de esa fecha.

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