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Improbable que El Salvador permita el aborto por zika

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Es poco probable que El Salvador siga el consejo de la ONU y asegure a las mujeres un amplio acceso a métodos anticonceptivos y al aborto para evitar el nacimiento de bebés con malformaciones congénitas vinculadas con el virus del zika, dijo a Sputnik Nóvosti la activista Zenaida Joachín.

“Si el Gobierno tiene voluntad de proteger la vida de las mujeres debería permitir las posibilidades que la ONU plantea, sin embargo, no tenemos mucha esperanza de que la situación cambie; va a depender también del trabajo y la presión que, como organizaciones feministas, hagamos”, señaló Joachín, coordinadora de la organización feminista Las Dignas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló este viernes que las leyes y políticas que restringen el acceso a la anticoncepción y al aborto “deben revisarse urgentemente en consonancia con las obligaciones de derechos humanos".

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Pero en El Salvador, donde rigen desde 2008 penas de prisión de dos a ocho años para quien incurra en la interrupción voluntaria del embarazo sin importar las circunstancias, hay una veintena de mujeres encarceladas por esta causa, recordó la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.

Para Joachín, la coyuntura de la pandemia de zika se puede volver una oportunidad para desarrollar acciones informativas desde los hospitales públicos sobre la prevención del embarazo o el acceso a los anticonceptivos.

Pero en cuanto al aborto, la activista considera “muy difícil que se llegara a legalizar o por lo menos volver a las tres posibilidades que antes figuraban en el Código Penal y que permitían abortar a las mujeres”, la inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y violación.

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La propia ministra de Salud, Violeta Menjívar, reconoció el obstáculo esta semana.

“Categóricamente desde la perspectiva de salud, de la salud de las mujeres y la salud pública en general, es una verdadera dificultad lo de la penalización absoluta del aborto, porque en estos casos se va a poner a prueba la enorme dificultad que puede pasar una mujer que tiene en su vientre a un bebé y que puede correr ese riesgo”, dijo Menjívar a medios de ese país.

Según datos de la organización Las Dignas, alrededor de 8.000 mujeres mueren al año en el país por someterse a prácticas clandestinas para abortar.

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A finales de enero, el Ministerio de Salud recomendó evitar los embarazos hasta 2018 debido al riesgo de malformaciones congénitas vinculadas a una infección por zika en mujeres embarazadas, lo cual dio lugar a una intensa polémica.

Esta recomendación impone la responsabilidad exclusivamente en las mujeres, opinó Joachín.

El Ministerio “no aportó información adicional sobre malformaciones o anticoncepción, esa no era la manera más adecuada de hacer un llamamiento ante una emergencia de salud pública”, criticó la activista.

La ministra Menjívar se vio obligada a aclarar que “el Estado salvadoreño no hace control natal” y que apenas estaba alertando sobre los riesgos.

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El anuncio del Gobierno provocó críticas “entre las organizaciones fundamentalistas y pro vida” del país centroamericano al considerar que “podría generar propuestas de aborto en las mujeres” y, por tanto, “el Estado retrocedió y no continuó con esa demanda”, dijo Joachín.

Brasil reportó más 4.700 casos de microcefalia sospechosos en áreas donde está circulando el virus del zika, y a fines de enero aclaró que en 404 análisis permitieron confirmar la relación causa-efecto, mientras el resto de los pacientes continúan bajo estudio.

En América Latina, que tiene ya 26 países con casos de zika, también Colombia y Ecuador recomendaron a las mujeres posponer sus planes de embarazo por este año y el siguiente.

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