Los magistrados consideran que no constituye "un alzamiento violento", sino una resolución ceñida al ámbito parlamentario, que ya fue anulada por el Tribunal Constitucional de España.
28 de enero 2016, 13:35 GMT
La presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de la Cámara fueron denunciados por "rebelión y sedición" tras aprobarse esta resolución, que formalizaba la "desconexión" con España.
La querella fue interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.
El TSJC cree que, en el ámbito penal "no se pueden equiparar los alzamientos violentos, desordenados u hostiles con los actos ilegales e inconstitucionales efectuados en sede parlamentaria y que no han trascendido ese ámbito".
Los jueces consideran que, el delito de "rebelión", del que se acusaba en la querella, "exige el empleo de la fuerza".
