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Informe británico sobre el caso Litvinenko viola el derecho internacional

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El informe sobre la muerte del exagente ruso Alexandr Litvinenko, publicado en Londres la semana pasada, viola varias normas del derecho internacional.

"Las conclusiones categóricas del informe de (el juez) Robert Owen, además de mostrar la parcialidad de la investigación pública cuyo objetivo era crear una opinión negativa sobre Rusia en general y Andréi Lugovói y Dmitri Kovtún en particular, suponen la violación de varias normas del derecho internacional por parte del Reino Unido", opina el presidente del Comité Constitucional del Senado ruso, Andréi Klishas en comentario a RIA Novosti.

Alexandr Litvinenko falleció en Londres en noviembre de 2006. Tras su muerte, los expertos de la Agencia de Salud británica afirmaron haber hallado en su cuerpo "cantidades considerables" de polonio 210.

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El jueves pasado se hizo público el informe del juez Robert Owen sobre el caso Litvinenko, que responsabilizó a Rusia de la muerte, sin embargo mencionó que no tiene pruebas suficientes de que el polonio fue de origen ruso.

Owen señala a dos exoficiales del FSB, Andréi Lugovói y Dmitri Kovtún, como personas directamente involucradas en la muerte de Litvinenko.

Para el senador ruso, al juez británico "se el permitió determinar los culpables", a pesar de que la legislación del Reino Unido no permite hacerlo en el marco de una investigación pública.

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"Los resultados de tales investigaciones abiertas deben contener solo recomendaciones que podrían resultar útiles para las instituciones competentes durante un proceso penal", subrayó Klishas.

Sin poner en duda la competencia y el alto nivel profesional de juristas británicos, el senador lamentó que "las categorías como el derecho internacional y la presunción de inocencia se encuentran actualmente en la sombra de la confrontación política que varios países tratan de agravar en torno a Rusia".

Entre otros documentos y acuerdos del derecho internacional, Klishas mencionó el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que dice que "toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad".

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