"Hay que sentarse a negociar con la idea de que si un acuerdo razonable es posible, es conveniente, pero no es indispensable, ni un tema fundamental para la Argentina", aseguró el economista Aldo Ferrer a Sputnik Nóvosti, tras conocerse que el Ejecutivo hará una propuesta el 25 de enero a los acreedores con los que el país mantiene un litigio.
Habría que evitar dos situaciones, dijo el economista: arreglar la disputa judicial de cualquier manera, y suponer que después de un eventual arreglo van a llegar las inversiones, los créditos y las empresas.
"Las inversiones se van a producir si la economía se estabiliza y crece, no porque se arregle con los buitre", sostuvo.
La propuesta del nuevo Gobierno, por lo tanto, debe ser muy cercana o la misma ya planteada.
"Cualquier desvío de esa oferta implicará que el 7 por ciento de deuda pendiente no reestructurada se habrá negociado de manera menos eficaz que lo que se logró con el apoyo del 92 por ciento", señaló el economista.
Argentina lleva 14 años de litigio con los fondos especulativos por la reestructuración de una parte de la deuda que fue contraída hasta la grave crisis del año 2001, cuando la nación se declaró en suspensión de pagos.
La gestión de la expresidenta intentó que los fondos buitre aceptaran las mismas condiciones que el Gobierno había acordado con el resto de los acreedores.
La posición argentina ha tenido un gran prestigio internacional con la resolución de la asamblea de la ONU, que el 10 de septiembre aprobó nueve principios para reestructurar la deuda de los países.
