Un acuerdo, adoptado con los votos de la mayoría opositora, exhortó al Gobierno a “girar instrucciones inmediatas para abrir la frontera” y restablecer allí el libre tránsito de personas y vehículos.
La medida se dictó para combatir a bandas criminales, de paramilitares y narcotraficantes que actuaban en la frontera, así como el “contrabando de extracción”, de gasolina y alimentos subsidiados en Venezuela que se revendían luego en Colombia.
Durante las primeras semanas del cierre fueron deportados unos 1.400 colombianos que estaban en situación ilegal en áreas de frontera y otros 19.000 abandonaron Venezuela por sus propios medios, ante el temor de sufrir represión o pérdida de sus enseres.
A pedido de la diputada opositora Laidy Gómez, se deberá conformar una comisión parlamentaria que “estudie denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas durante el estado de excepción” en la frontera.
La reapertura de la frontera ha sido constantemente solicitada por el Gobierno colombiano.
