Según fuentes cercanas a la operación, las redadas podrían empezar en enero y afectarían a unas 100.000 familias, en primer lugar a los ilegales procedentes de América Central.
El periódico subraya que será el primer plan de gran escala para deportar a las personas que huyeron de la violencia en las naciones centroamericanas.
La edición precisa que la medida está dirigida solo contra los adultos y niños cuya deportación ya fue avalada por un juez de inmigración.
Sin embargo, indica, la operación aún no ha recibido el visto bueno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Según el diario, las posiciones contrarias dentro de la administración estadounidense han dilatado durante meses el debate de estos planes.
El director de DHS, Jeh Johnson, defiende la medida ante una nueva ola de ilegales, asegura la edición.