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HRW interpreta de forma errada justicia transicional, dicen analistas colombianos

© AP Photo / William Fernando MartinezFotografía de la víctima de la violencia de las FARC
Fotografía de la víctima de la violencia de las FARC - Sputnik Mundo
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El pronunciamiento de Human Rights Watch (HRW) sobre la presunta impunidad que asegura el régimen de justicia transicional acordado por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC parte de una interpretación equivocada, dijeron este martes a Sputnik Nóvosti diversos analistas de este país.

Para el secretario general del Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo, HRW hace una lectura equivocada del acuerdo que, “por su integralidad, cobija a todos los actores armados del conflicto en procura de brindar justicia y reparación para las víctimas”, sin distinción de que los perpetradores hubieran sido militares o insurgentes.

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Un comunicado de HRW publicado este martes y firmado por el director de las Américas de esa organización, José Miguel Vivanco, sostiene que “el acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, la rendición de cuentas e incluso a restricciones efectivas de la libertad”.

Sin embargo, “un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades, omisiones y lagunas que convierten a tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías”, añade en referencia al acuerdo publicado el 15 de este mes.

Para Caycedo “HRW pretende señalar que el acuerdo de justicia transicional favorece a los guerrilleros y desprotege a las víctimas”, lo cual es “completamente equivocado y apartado de lo que la norma contempla”, pues todos los actores armados del conflicto tendrán que “sujetarse a lo que disponga este proceso”.

La organización con sede en Nueva York cuestiona que el régimen pactado asegure que “en ningún caso” las penas para quienes hayan cometido crímenes graves incluirán “cárcel o prisión” ni “medidas de aseguramiento equivalentes”.

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De hecho, cuestiona HRW, el borrador firmado por el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) limita todas las restricciones a la libertad a aquellas que sean “necesarias” para ejecutar proyectos de “reparación y restauración”.

Según la interpretación de HRW, si un guerrillero es condenado por el tribunal de paz –especialmente instituido para entender en los crímenes del conflicto armado— a trabajar pavimentando una calle o construyendo un puente, su sanción puede estar supeditada al tiempo que demore dicho proyecto restaurativo, lo cual no es “un castigo genuino”.

El politólogo Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, observó que mientras HRW sostiene que el acuerdo entraña impunidad total, en realidad se trata de un régimen de penas reducidas.

Y estas “constituyen una menor impunidad que el escenario sin acuerdo”, indicó Restrepo a Sputnik Nóvosti, pues “supone penas de prisión para los responsables de crímenes de guerra, tanto del lado del Estado como de la insurgencia”.

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En entrevistas con varios medios, Vivanco incluso señaló que merced a este acuerdo “Colombia está expuesta a investigaciones internacionales” y una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) estaría “perfectamente justificada”.

En cambio, el profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, encuentra este extremo bastante improbable.

“Se ha tomado a la CPI como 'el coco' (fantasma) con el cual se pretende asustar a la sociedad ante hechos de gran trascendencia, como lo ha sido el avance del Gobierno y de las FARC en un acuerdo de justicia transicional con el que varios actores no están de acuerdo”, dijo Vargas a esta agencia.

Pero la CPI también “se enmarca en un realismo de lo que es la sociedad colombiana y de lo que ésta requiere para terminar el conflicto armado de más de medio siglo”, observó.

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El acuerdo prevé la creación de una jurisdicción especial para la paz, incluyendo un tribunal al que llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado interno y que desembocarán siempre en una sentencia.

Dicho tribunal estará conformado por dos salas, una de sentencia (a la que llegarán los procesos en los que los involucrados acepten responsabilidad por los hechos) y otra de juzgamiento (a la que corresponderán los casos en los que los sospechosos no se acepten cargos y se haga necesaria una comprobación).

El acuerdo plantea un modelo de justicia restaurativa, que permitirá imponer sanciones restrictivas de la libertad, que no implican cárcel, lo que quiere decir que víctima y victimario podrán acordar la forma en que se cumplirá la sentencia, como trabajo en obras sociales y de construcción.

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El objetivo de este tipo de justicia, según las partes, es garantizar la reparación a las víctimas, que no se logra desde la prisión, pero en caso de que no se cumpla, se podrán aplicar penas efectivas de cárcel.

El acuerdo sí protege a los excombatientes de eventuales extradiciones, siempre que entreguen toda la información que posean para asegurar la verdad de los crímenes de la guerra.

El acuerdo comprende a todos los actores del conflicto, no solo a los miembros de las FARC, sino a los soldados y policías y a los sectores sociales, políticos y económicos relacionados con el conflicto.

El Gobierno y las FARC esperan firmar un tratado final de paz el 23 de marzo de 2016.

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