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Activistas piden salida del presidente del Congreso brasileño para salvar 'impeachment'

© AP Photo / Andre PennerEduardo Cunha
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El registro efectuado este martes por la Policía Federal de Brasil en la vivienda y despacho del presidente del Congreso de los Diputados, Eduardo Cunha, por su supuesta relación con el escándalo de corrupción de Petrobras, ha sido interpretado por muchos como la prueba decisiva sobre su implicación en la Operación Lava Jato.

En declaraciones a Sputnik Nóvosti, el líder del Movimiento Brasil Libre (MBL), Kim Kataguiri, reconoció que "Eduardo Cunha está claramente relacionado con los escándalos de corrupción en Petrobras" y que, por tanto, "no reúne las condiciones mínimas para permanecer en su cargo de presidente del Congreso de los Diputados".

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De esta manera, el líder de uno de los movimientos sociales más favorables a la moción de censura o 'impeachment' contra la presidenta Dilma Rousseff, estaría dando la espalda al principal impulsor del mismo con el pretexto de que su participación en el proceso estaría dificultando el avance del mismo.

"El Gobierno está intentando mostrar el impeachment como un ataque de Eduardo Cunha a la presidenta Dilma Rousseff, sin embargo, esa visión está lejos de ser la verdadera: lo que hizo crecer el 'impeachment' y traerlo a la primera línea de la batalla política en Brasilia fue la presión de las calles", insistió Kataguiri en relación a las grandes manifestaciones que el MBL logró a principios de 2015.

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Agregó que "inicialmente ni los partidos políticos defendían el 'impeachment' (…) pero eso no significa que la petición de juicio político, elaborada por juristas de renombre y firmado por movimientos sociales como el MBL, quede inútil".

"La legitimidad del proceso viene dada por su base jurídica y su amplio apoyo popular", insistió.

El líder del MBL, un movimiento especialmente activo en las redes sociales y entre la juventud del país, obvió la enorme reducción de participantes en las manifestaciones "pro-impeachment", que el pasado domingo apenas alcanzaron las 83.000 personas en todo el país, así como las numerosas denuncias de juristas, como el expresidente del Tribunal Supremo Federal (TSF), Joaquim Barbosa, que señaló la inconsistencia jurídica del mismo.

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