"Nuestro país aún no ha honrado la deuda y compromiso que tiene con las víctimas de las desapariciones, con la sociedad y con el cumplimiento de las determinaciones emitidas por organismos internacionales en esta materia", dijo el defensor del pueblo en un acto en la residencia presidencial de Los Pinos por el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La declaración fue hecha en la ceremonia en que la religiosa Consuelo Gloria Morales Elizondo recibió, de presidente Enrique Peña, el Premio Nacional de DDHH 2015 por su trabajo en favor de personas desaparecidas en el estado de Nuevo León, un polo industrial en el norte del país.
"México tiene prisa y las víctimas han esperado demasiado", dijo el presidente del organismo autónomo del Estado en la premiación a la activista humanitaria, formada en la Congregación de Notre-Dame, Canónigas de San Augustín.
La religiosa fundó en 1993 el organismo independiente Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), que en la última década ha trabajado a favor de víctimas de la violencia, en el marco de la guerra contra el narcotráfico declarada por el Gobierno de Felipe Calderón en 2007 y proseguida por Peña.
Cinco años de parálisis
En 2011 se formuló una reforma constitucional en materia de derechos humanos, cinco años después, en 2016 “debe ser el año de la implementación efectiva de la misma por todos los poderes y autoridades de los distintos órdenes de gobierno”, sostuvo el ombudsman.
El compromiso del Estado mexicano, con base en la honestidad debe ser abatir “la impunidad, la corrupción, la simulación y demás vicios y prácticas que debemos desterrar, de una vez por todas, de nuestra realidad como país”.
El ombudsman lamentó que no se hayan concretado las promesas de Peña de una la ley general para desaparición forzada; tampoco la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas; ni un sistema nacional de información genética.
“El problema de las desapariciones en México es una cuestión dramática, ajena a toda noción de respeto a la dignidad de las personas, cuya magnitud es preciso dimensionar objetivamente”, dijo el presidente de la CNDH.
A pesar de las aterradoras cifras oficiales de México, “al día de hoy, aún no podemos contar con información real e integrada conforme a estándares internacionales, que nos permita distinguir los casos que efectivamente puedan implicar una desaparición forzada, de aquellos que están vinculados a la delincuencia organizada o respondan a otras causas”, señaló.
Los problemas y retos del país en materia de derechos humanos no se limitan a los casos de masacres emblemáticas de Iguala, San Fernando, Chalchihuapan, Tlatlaya, o Apatzingán, sino que pasan por todas las personas desaparecidas, dijo González Pérez.
Tema: Desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala
El ombudsman enumeró los casos de fosas clandestinas, restos humanos hallados en ellas, víctimas de trata, personas privadas de la vida cuyos casos no han sido resueltos, agravios y ataques a periodistas, deplorables condiciones del sistema penitenciario, desigualdad y discriminación hacia las personas indígenas.
“Todos aquéllos que han sido víctimas de un delito o abuso del poder y que esperan justicia”, reclamó.
