"Si queremos una sociedad más transparente no podemos postergar más la reforma del sistema judicial", afirmó el representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Antonino de Leo, durante la Feria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción organizada por el Gobierno.
Por su parte, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia, señaló que en los casi 10 años de gestión del presidente Evo Morales se han logrado 127 sentencias por delitos de corrupción, lo que muestra la voluntad política para combatir estas prácticas.
El representante de la ONU, en tanto, se refirió a la situación de crisis que atraviesa el sistema judicial boliviano, al que identificó como el principal obstáculo para la lucha contra la corrupción.
"El primer grave desafío en la implementación de políticas anticorrupción se la encuentra en la situación de crisis permanente del sistema judicial; sin una justicia objetiva y oportuna que garantice los derechos de todas y todos, sin una justicia justa, no se puede avanzar en la lucha contra la corrupción", señaló De Leo.
La ministra Valdivia aseveró que "desde el Gobierno no protegemos a nadie; quienes tienen acusaciones de corrupción tienen que rendir cuentas ante la justicia".
La ministra ratificó la voluntad política para castigar delitos de corrupción y señaló que, como no había ocurrido durante otras administraciones, actualmente están siendo procesados exministros, exsenadores y exdiputados por presuntos hechos de corrupción.
Han transcurrido "casi 10 años ya que el Estado Plurinacional de Bolivia ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que nos impone responsabilidades para implementar políticas públicas de prevención y lucha efectiva en nuestro país", dijo la ministra.
Valdivia y De Leo coincidieron en señalar que la lucha contra la corrupción es una tarea de todos los actores sociales.
Para "construir una cultura de transparencia", expresó De Leo, es necesario "la participación de la sociedad civil, el sector privado, movimientos sociales y medios de comunicación; es una responsabilidad de todos".
En marzo de 2010 el Gobierno promulgó una ley específica para sancionar estas conductas, que establece además la no prescripción de los delitos económicos perpetrados contra el Estado.
