"Cualquiera que fuere el ganador (el opositor Mauricio Macri o el oficialista Daniel Scioli), estamos convencidos de que se termina en Argentina una etapa", sentenció el abogado.
La Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia fue creada en 2009 para defender a militares imputados por crímenes de lesa humanidad –"presos políticos" para este grupo– y así "reestablecer la justicia y la concordia", según indicó Palacios Hardy.
Organizaciones de derechos humanos imputan a agentes de la última dictadura de la desaparición forzada de unas 30.000 personas y del secuestro y sustracción de identidad de unos 500 niños y niñas, la mayoría nacidos durante el cautiverio de sus madres, entre otros crímenes.
Por estos delitos han sido condenadas 622 personas desde 2006, cuando se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final del Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), que impedían juzgar a militares involucrados en violaciones de derechos humanos, señala el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal.
Hasta septiembre de este año, estaban imputadas o investigadas 2.166 personas, entre civiles y militares, han sido imputadas o investigadas por tales crímenes; de ellas, 1.065 están detenidas, 753 en libertad, 59 están prófugas y 280 fallecieron antes de ser juzgadas, mientras en nueve casos no hay datos.
Según el jurista, todas las fuerzas políticas argentinas, salvo el oficialismo, han señalado que "esta persecución tiene que terminar", añadió.
Sin dar nombres, Palacios Hardy aseveró que la asociación ha mantenido reuniones "con gente que acompaña a Scioli y a Macri que, en privado, se han mostrado muy de acuerdo con lo que nosotros defendemos y reclamamos", por lo que esperan que con el próximo Gobierno se termine "esta política que cínicamente se bautizó como de derechos humanos".
Daniel Scioli, del gobernante Frente para la Victoria (centroizquierda), y Mauricio Macri, de la coalición Cambiemos (centroderecha), se disputarán la presidencia argentina en segunda vuelta el 22 de noviembre.
La asociación de abogados ha dejado en libertad de acción a sus miembros para votar por cualquiera de los dos candidatos, aclaró Palacios Hardy.
"Esperamos que Argentina se deshaga de los juicios políticos y de los jueces prevaricadores que han ensuciado la justicia", insistió.
Revisión de la historia
Para Palacios Hardy y sus colegas, en cambio, "Argentina vivió una guerra interna en los años 70, que tuvo una manifestación cruda y trágica; los militares asumieron el poder con un vacío de poder; esa guerra se llevó a cabo por las Fuerzas Armadas, de seguridad y la policía bajo un gobierno militar; el resultado fue exitoso porque el terrorismo guerrillero fue derrotado, a un costo muy grave".
Tras el retorno de la democracia en 1983, el Gobierno habilitó los históricos juicios a los comandantes militares de la dictadura, que acabaron en severas condenas.
Pero el Gobierno de la época también "sancionó leyes de virtual amnistía para los dos bandos que se enfrentaron en el país", argumentó Palacios Hardy, quien rescató asimismo los indultos emitidos por Carlos Menem (1989-1999) para librar de condenas a altos militares, "con los que puso fin a las secuelas de la guerra".
Salvo algunas protestas, dijo, "el país aceptó con tranquilidad estas decisiones".
Sin embargo, cuestionó, cuando llegó a la presidencia Néstor Kirchner (2003-2007), "cambiaron la Corte Suprema, en lo que fue un golpe de Estado, y empezaron a perseguir judicialmente a los oficiales y suboficiales que habían tenido alguna participación en la lucha contra la guerrilla, mientras que dejaron indemnes a las fuerzas terroristas y les dieron cargos públicos".
Agregó que así "aplicaron retroactivamente la ley penal y anularon decretos que habían sido declarados válidos por la Corte Suprema de Gobiernos democráticos anteriores; habría que ir a los regímenes más bárbaros para encontrar una situación semejante", añadió.
Las organizaciones de derechos humanos de Argentina han elogiado las decisiones gubernamentales que permitieron eliminar leyes y decretos que mantuvieron lejos de los juzgados a militares sospechosos desde fines de los años 80 hasta mediados de la década pasada.
