"El Estado cumple con su papel de atender para garantizar justicia, pero queda pendiente su deber de reparar a las víctimas", señaló Cedano, también coordinadora en Perú del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
Un decreto supremo promulgado el viernes por el Poder Ejecutivo indica que el objetivo del registro de víctimas de esterilizaciones forzadas es "promover el acceso a la justicia, a través de los servicios de asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral".
Mestanza era una campesina de 33 años que murió en 1998 a consecuencia de una esterilización que le practicaron en contra de su voluntad; al año siguiente sus familiares llevaron el caso ante la CIDH con el patrocinio de varias organizaciones especializadas en litigio y derechos humanos, entre ellas Demus y Cladem.
En 2003, la CIDH y el Estado llegaron a un acuerdo de solución amistosa en el que Perú se comprometió a investigar a los responsables de las esterilizaciones forzadas y a reparar a las víctimas.
Pero en los años transcurridos solamente cumplió en la reparación a la familia de Mestanza.
La decisión del actual Gobierno de Ollanta Humala de crear este registro de víctimas es consecuencia, según Cedano, de la reunión que mantuvieron en Washington el 21 de octubre representantes de la CIDH, el embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos, Juan Jiménez, y varias organizaciones sociales, entre ellas Demus.
"Ya han pasado 19 años desde que comenzara esa política de Estado y ese Programa Nacional de Salud Reproductiva (del Gobierno de Alberto Fujimori) que vulneró el derecho de las mujeres. Los responsables políticos deben pagar (por lo que hicieron) como (delitos de) lesa humanidad", insistió la activista.
Cifras
El Ministerio de Salud reconoce que entre 1996 y 2001 se llevaron a cabo unos 300.000 tratamientos de anticoncepción quirúrgica, aseguró Cedano, y también se sabe que el grueso de las esterilizaciones forzadas se practicaron en el período 1996-1997.
"En esa época no se garantizó el consentimiento informado de las mujeres, no hubo un protocolo de acuerdo a los estándares internacionales que garantizan derechos humanos y esto fue documentado por la Defensoría del Pueblo" de la época, que registró más de 2.000 denuncias y 44 muertes a consecuencia de estas prácticas.
A estas cifras hay que sumar los "10.000 testimonios de personas que manifiestan haber sido esterilizadas sin su consentimiento", continuó Cedano.
"Está por determinar si fueron casos aislados o si se trató de una política de Estado, que es lo que afirmamos desde Demus, puesto que había metas, incentivos económicos y todo un contexto de Gobierno autoritario, de una estructura jerárquica, de uso incluso de las fuerzas militares para crear un clima de chantaje y manipulación hacia quienes se vulneró sus derechos", concluyó.
