Más de 100 candidatos en Colombia estarían vinculados con grupos criminales

La Fundación Paz y Reconciliación de Colombia encontró 152 candidatos “con presuntos vínculos con la ilegalidad”, como resultado de una investigación realizada en ocho departamentos del país, sobre las vinculaciones de grupos criminales y candidatos para las elecciones del 25 de octubre.

En las elecciones se eligen gobernadores para los 32 departamentos, diputados para las asambleas departamentales, alcaldes de 1099 municipios y concejales.

El estudio, presentado por León Valencia y Ariel Ávila, separa los casos de candidatos vinculados con la ilegalidad en varias categorías: los “herederos de la parapolítica”, “que son ‘cuota’ directa de un político involucrado con el escándalo de la parapolítica, ya sea por estar condenado o investigado”, y que son usualmente familiares como hijos, esposas, hermanos, primos, o personas que han trabajado en cargos políticos o administrativos del parapolítico en cuestión. El estudio cita el ejemplo del departamento del Magdalena, donde Rosa Cotes, esposa del condenado parapolítico, Chico Zúñiga, es candidata a la gobernación. “Ella hereda la estructura política de su esposo, quien era conocido como uno de los miembros del clan de los Conejos”, y sería apoyada por un grupo de parapolíticos.

En segundo lugar están los candidatos vinculados a organizaciones criminales que aspiran a participar en política, que, “o bien pertenecieron a organizaciones criminales y después de pagar cárcel están intentando participar en política, o a pesar de sus vínculos comprobados, aspiran a un cargo de elección popular”.

El tercer grupo son aquellos que tienen condenas o inhabilidades por parte de la Procuraduría, Contraloría o Fiscalía, que “han ejercido cargos públicos y cuya ejecución ha estado permeada por escándalos relacionados con el mal manejo de recursos, o porque han violado la ley durante su mandato”, como Carlos Guillermo Atehortúa, candidato a la alcaldía de Yarumal, Antioquia, por el partido Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe.

El último grupo de candidatos cuestionados son los que el informe denomina “parapolíticos”, que pagaron condenas o firmaron pactos con grupos armados ilegales y hoy aspiran a cargos de elección popular.

La novedad es que estos candidatos ya no buscan crear nuevos movimientos, sino que se infiltran en los partidos legales tradicionales ya existentes. La otra preocupación, es que estos candidatos se presentan en los municipios que tuvieron los más altos índices de violencia durante la arremetida paramilitar. Es decir, que estos candidatos se beneficiaron de la mal llamada “pacificación paramilitar”, agregan los investigadores.

Según el informe, los casos más dramáticos se presentan en el departamento del Magdalena, donde una serie de ex miembros del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que después de acogerse a la desmovilización durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), han regresado a la arena política, en municipios que vivieron una intensa violencia, y donde estos personajes se hicieron famosos por masacres y despojos de tierras cometidos por los paramilitares, como Sergio Araujo Castro, hijo de Álvaro Araujo Noguera y hermano del ex senador Álvaro Araujo Castro, condenado a nueve años de prisión por parapolítica.