Entre 500.000 y dos millones de indonesios fueron asesinados en una campaña de terror que contó con la complicidad de Estados Unidos y el Reino Unido.
La campaña, dirigida principalmente contra miembros y simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia (PKI), también alcanzó a todos los que fueron considerados contrarios al régimen militar como sindicalistas, ciudadanos de etnia china o defensores de los derechos de las mujeres.
El número de víctimas es sólo una incógnita más de una masacre que sigue cubierta en un manto de misterio ya que las potencias occidentales siguen sin desclasificar los documentos de esa época e Indonesia carece de interés en bucear en unos hechos traumáticos y que involucran al poder actual.
"Estados Unidos debería desclasificar y hacer públicos todos los documentos relacionados con los asesinatos masivos en Indonesia en 1965-1966 como un paso decisivo a obtener justicia por aquellos crímenes", señala por correo electrónico a Sputnik Nóvosti Andreas Harsono, de Human Rights Watch en Indonesia.
"Aún no sabemos hasta qué punto el Reino Unido y Estados Unidos estuvieron involucrados. La responsabilidad de Estados Unidos es obvia al haber suministrado los nombres que formaban la estructura del PKI", añade.
Camiones cargados con soldados fueron a buscar en la noche del 1 de octubre de 1965 a sus domicilios de Yakarta a seis altos cargos militares y los ejecutaron.
Aún hoy se desconoce quien estuvo detrás de esa cacería nocturna, pero el Gobierno responsabilizó inmediatamente al PKI y un joven general llamado Suharto aprovechó el incidente para tomar el poder y dirigir la purga.
El PKI era entonces el segundo partido comunista más numeroso de Asia, sólo superado por el chino, y su creciente influencia con Sukarno, el líder hasta entonces, incomodaba tanto a las clases altas del país como a las cancillerías occidentales.
La revista Time calificó la subida al poder de Suharto y la campaña del terror como "la mejor noticia" que había pasado en Asia en muchos años.
La participación de la CIA esta ampliamente documentada, recuerda Alan Woods, miembro de la Corriente Marxista Internacional e investigador de aquellos hechos.
"Su objetivo era defender los intereses de los grandes monopolios estadounidenses y británicos que estaban saqueando la riqueza de Indonesia. Para ello llevaron a cabo una carnicería a una escala que no tiene comparación en ningún país después de la Segunda Guerra Mundial", señala por correo electrónico a esta agencia.
El régimen de Suharto se alargó durante tres décadas de violaciones sistemáticas de derechos humanos y enriquecimiento personal que le valieron el título de líder más corrupto del mundo.
Sólo en sus últimos años, cuando sus excesos se hicieron imposibles de esconder, los gobiernos occidentales le retiraron su apoyo.
El régimen militar terminó formalmente en Indonesia en 1998 pero el Ejército sigue manteniendo su influencia y a menudo está por encima de la ley.
Eso explica que nunca se haya iniciado una investigación sobre aquellas masacres, que los colegios omitan esa parte de la Historia y que siga firme la teoría de la autoría del PKI en la noche del 1 de octubre.
"Nadie ha sido juzgado ni castigado por aquellos horribles crímenes. Los dirigentes actuales de Indonesia, los altos cargos militares y quienes les apoyan en Washington no tienen obviamente ningún interés en investigarlo porque revelaría los nexos entre el ejército indonesio y la CIA, que jugó un rol activo en esa masacre (…) La verdad ha sido enterrada junto a muchos cadáveres y las multinacionales siguen chupando la sangre a los trabajadores y campesinos indonesios", señala Woods.
La impunidad quedaba al descubierto en el célebre documental "El acto de matar" (2012), en el que Joshua Oppenheimer mostraba a los asesinos, ya ancianos, reconstruyendo sus crímenes y sin ningún remordimiento.
"Los hechos no se han investigado porque, básicamente, esos asesinos de masas están aún dirigiendo Indonesia y no quieren que sus atrocidades salgan a la luz", sostiene Harsono.
